La abogada Nasrin Sotudeh fue detenida por las autoridades iraníes, informó este jueves su hija; hasta el momento la familia no ha tenido noticias sobre su paradero.
“Hace unos minutos nos enteramos de que arrestaron a mamá anoche mientras estaba sola en casa”, escribió Mehraveh Khandan en Instagram.
La hija agregó que se incautaron los dispositivos electrónicos de la activista, incluidos ordenadores portátiles y su teléfono móvil.
“Mamá aún no se ha comunicado con nosotros y no hemos recibido información de las autoridades que la detuvieron”, afirmó.
Sotudeh ofreció una entrevista al medio opositor con sede en Estados Unidos Iranwire el 30 de marzo, en la que criticó a la República Islámica.
Con 63 años, Sotudeh ha pasado largos períodos en prisión por cargos como “propaganda contra el régimen” y otras acusaciones relacionadas con su defensa de mujeres que quitaron públicamente el velo y de opositores al gobierno.
En 2012 recibió el premio Sájarov del Parlamento Europeo por su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Su esposo, Reza Khandan, cumple una condena en prisión por su activismo.
Desde el inicio del conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, Irán ha detenido a miles de personas acusadas de espiar para Israel o de realizar actividades contra la República Islámica.
Además, las autoridades han comenzado a ejecutar a presos condenados por participar en las protestas de enero; este jueves se registró la cuarta ejecución de ese tipo.
Las ejecuciones en Irán han aumentado su ritmo desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica, en un momento en que la atención internacional se centra en asuntos geopolíticos como el precio del petróleo.
Organizaciones de derechos humanos denuncian un incremento en el uso de la pena capital por parte del régimen, que, según estas organizaciones, aprovecha el contexto internacional para aplicar sentencias con opacidad e intimidación social. The Guardian recopiló testimonios y cifras que alertan sobre la gravedad del fenómeno y el silencio oficial.
Solo en 2026, Iran Human Rights confirma al menos 145 ejecuciones verificadas y reporta más de 400 ejecuciones adicionales aún no corroboradas.
Estos datos evidencian una aceleración respecto a años previos y muestran que la mayoría de las ejecuciones no aparecen en registros oficiales: el relator especial de la ONU señaló que solo el 7% de los casos se hicieron públicos.
La situación empeoró tras las protestas masivas de enero, cuando decenas de miles de personas permanecieron detenidas y varias decenas podrían enfrentar la pena de muerte, según Amnistía Internacional.
La represión también ha restringido el acceso a la información: el corte de internet impuesto por las autoridades dificulta el seguimiento de ejecuciones y procesos judiciales. Familiares de detenidos denuncian advertencias para no contactar a terceros ni difundir los casos a la prensa, lo que aumenta la opacidad.
Un caso documentado es el de Peyvand Naimi, de 30 años: detenido después de las protestas, según denuncias ha estado más de un mes en aislamiento, sometido a simulacros de ejecución, torturas físicas y psicológicas, y forzado a confesar en televisión.
(Con información de EFE)
