Rubén Vardanyan, exlíder armenio de Artsaj (Nagorno-Karabaj), fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal militar de Azerbaiyán en el marco de los procesos iniciados tras el control militar de la región en 2023. La sentencia, basada en cargos que incluyen crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, terrorismo y financiación del terrorismo, llega después del desplazamiento forzoso de más de 100.000 armenios étnicos y de la disolución de la administración armenia que gobernó el enclave durante casi treinta años.
Vardanyan, que lideró la administración autoproclamada de Karabaj entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, se declaró preso político y rechazó las acusaciones en su contra. Antes de su implicación en la política local, el exbanquero ruso acumuló una fortuna estimada en 1.100 millones de dólares como cofundador del banco de inversión Troika Dialog en Moscú. Tras renunciar a su nacionalidad rusa, asumió la dirección en la región en un contexto de tensiones crecientes con las autoridades de Bakú.
El juicio contra Vardanyan comenzó en enero de 2025 y se desarrolló de forma separada al de otros 15 exfuncionarios, quienes este mes fueron condenados a penas que incluyen la cadena perpetua. Según el tribunal, la acusación se apoya en la supuesta participación del exlíder en delitos de guerra y en acciones catalogadas como terrorismo durante el conflicto.
La familia de Vardanyan calificó la sentencia de “devastadora, aunque no inesperada” y denunció la falta de garantías fundamentales desde su detención, ocurrida hace 874 días. En un comunicado, señalaron irregularidades en el proceso, como audiencias a puerta cerrada, acceso limitado a la defensa internacional y ausencia de medios de comunicación independientes, lo que, según ellos, incumple estándares internacionales de un juicio justo.
Las autoridades de Armenia han exigido la liberación de todos los detenidos y afirmaron que agotarán las vías legales internacionales para proteger sus derechos. Para la familia, el caso de Vardanyan —filántropo conocido por proyectos educativos y sociales en Armenia— trasciende lo individual y, en su opinión, constituye una acción contra el conjunto del pueblo armenio; por ello piden mayor implicación de la comunidad internacional y de líderes mundiales para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los detenidos.
Amnistía Internacional expresó preocupación por las condiciones de detención de Vardanyan, denunciando su confinamiento en régimen de aislamiento y presiones para firmar documentos en un idioma que no comprende. La organización subrayó que la falta de transparencia y las restricciones observadas generan dudas sobre las garantías de un juicio justo.
El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, firmaron el año pasado un acuerdo de paz con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump. Ese pacto puso fin formalmente a décadas de enfrentamiento por Karabaj, consolidó la soberanía de Azerbaiyán sobre el enclave y comprometió a ambas partes a no recurrir a la fuerza para resolver futuras disputas.
El acuerdo incluyó medidas para el retorno seguro de desplazados, el respeto a la integridad territorial y el establecimiento de mecanismos internacionales de supervisión. La participación de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, fue descrita como decisiva para desbloquear el estancamiento diplomático y facilitar el diálogo directo entre Bakú y Ereván, aunque la firma fue recibida con cautela por la población armenia desplazada y la sociedad civil, que pidieron garantías de protección de derechos y acceso humanitario.
A nivel regional, el acuerdo modificó el equilibrio de poder en el sur del Cáucaso, reduciendo la presencia militar de terceros países y abriendo posibilidades para proyectos de integración económica y cooperación transfronteriza. Organizaciones internacionales y gobiernos europeos valoraron la mediación estadounidense como un paso importante para la estabilidad, pero advirtieron sobre la necesidad de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.
