El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por su responsabilidad en “violaciones graves de derechos humanos” durante la represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de 2025. Estas sanciones se adoptan en medio de negociaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán y de un despliegue militar estadounidense notable en el Golfo Pérsico.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott, afirmó que Washington seguirá utilizando “todas las herramientas a nuestro alcance” para promover la rendición de cuentas por abusos cometidos por funcionarios del régimen. Con esta medida, el total de personas sancionadas bajo esta política específica asciende a 58.
Las restricciones se dirigen a funcionarios acusados de vulnerar las libertades de expresión y reunión durante las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025 en Teherán. La represión ha sido descrita como la más letal en la historia de la República Islámica desde 1979; la agencia Human Rights Activists News Agency documentó hasta el 5 de febrero más de 6.900 muertes confirmadas, mientras que estimaciones independientes elevan esa cifra por encima de los 30.000.
El régimen iraní impuso un apagón casi total de internet durante varios días a partir del 8 de enero, lo que, según el Departamento de Estado, “restringió severamente” la capacidad de documentar abusos. Amnistía Internacional calificó la represión de “masacre de manifestantes” y advirtió que el corte de comunicaciones pudo haber ocultado crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones se anunciaron mientras Estados Unidos y Irán participaban en conversaciones indirectas en Ginebra, mediadas por Omán. El 17 de febrero se celebró la segunda ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní; el ministro de Exteriores Abbas Araghchi dijo que se habían acordado “líneas generales” para un posible acuerdo, aunque persistían diferencias. Irán exige el levantamiento de sanciones económicas, mientras que Estados Unidos busca abordar también aspectos relacionados con los misiles balísticos y el apoyo a grupos armados regionales.
El contexto militar incrementa la presión diplomática: a finales de enero Estados Unidos desplegó el portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico acompañado por tres destructores, unas 90 aeronaves y alrededor de 5.700 tripulantes. El 14 de febrero se confirmó el envío del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, lo que resultó en la presencia simultánea de dos portaaviones en la zona, una situación inusual.
Imágenes satelitales verificadas situaron al Abraham Lincoln a unos 700 kilómetros de la costa iraní el 16 de febrero. En respuesta, Irán efectuó maniobras militares en el estrecho de Ormuz y cerró temporalmente esa vía estratégica, por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió que Washington “no logrará” destruir Irán y amenazó con atacar buques de guerra estadounidenses. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su disposición a usar la fuerza militar para limitar el programa nuclear iraní y mencionó la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán.
Las protestas surgieron inicialmente por la crisis económica en Irán, con una inflación del 42% en diciembre de 2025 y una devaluación del rial superior al 40% desde el conflicto de doce días con Israel en junio. Lo que comenzaron como manifestaciones por motivos económicos derivó en un movimiento que reclama cambios políticos y el fin del régimen.
Pigott reafirmó el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos al pueblo iraní y su derecho a la libertad de expresión. El Parlamento Europeo condenó la represión el 22 de enero y exigió el cese de la violencia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación ante las amenazas de ejecución de manifestantes.
