Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que presione diplomáticamente a las autoridades de Irán para detener los procesos judiciales y las ejecuciones contra al menos 30 personas, entre ellas menores, acusadas de participar en las protestas de enero de 2026.
Entre los condenados hay ocho personas que recibieron la pena de muerte pocas semanas después de su detención, en juicios marcados por la falta de garantías procesales y el empleo de confesiones obtenidas bajo coacción, según la organización.
En la lista de sentenciados figura Saleh Mohammadi, de 18 años, detenido el 15 de enero de 2026 en relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas en Qom el 8 de ese mes.
Amnistía Internacional revisó la sentencia y constató que Mohammadi se retractó en audiencia de sus declaraciones, alegando que habían sido obtenidas bajo tortura.
Aun así, el tribunal no investigó esas denuncias y confirmó la condena. También están incluidos Mohammad Amin Biglari, de 19 años, y otros seis jóvenes sentenciados por “enemistad contra Dios” tras ser acusados de incendiar una base del grupo paramilitar Basij.
Las sentencias se dictaron aproximadamente un mes después de las detenciones. Según fuentes informadas, Biglari permaneció desaparecido varias semanas, fue trasladado a la prisión de Ghezel Hesar y careció de defensa durante la investigación.
Posteriormente se le asignó un abogado de oficio que no protegió sus intereses, y la familia no pudo nombrar un letrado independiente para recurrir la sentencia.
Otros casos destacan por la celeridad de los juicios y la edad de los acusados. Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, y los adolescentes Matin Mohammadi y Erfan Amiri, ambos de 17, están procesados por su supuesta implicación en un incendio en una mezquita de Pakdasht que causó la muerte de dos miembros de la Basij.
Amnistía recopiló testimonios que señalan que los menores fueron detenidos antes del incidente y sometidos a agresiones físicas para forzar confesiones.
El juez no reconoció a los abogados designados por la familia de Hosseinipour Hesarloo, los amenazó y nombró un defensor de oficio que, según la organización, tampoco garantizó una defensa efectiva.
Los dos menores de 17 años permanecen en un centro de detención juvenil y están procesados a pesar de la prohibición internacional de aplicar la pena capital a quienes eran menores de 18 años en el momento del presunto delito.
Amnistía advirtió que la cifra de personas en riesgo de ejecución podría ser mayor, ya que las autoridades intimidan a las familias para impedir que informen sobre la situación de los detenidos.
Los procesos descritos se caracterizan por la incomunicación, la tortura y las desapariciones forzadas para obtener confesiones, así como por la negativa a reconocer abogados independientes designados por los familiares.
(Con información de Europa Press y Amnistía Internacional)
