Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que ejerza presión diplomática sobre las autoridades de Irán para detener los procesos judiciales y las ejecuciones contra al menos 30 personas, entre ellas menores, acusadas por su participación en las protestas de enero de 2026.
La organización señaló que entre los condenados hay ocho personas que recibieron la pena de muerte pocas semanas después de ser detenidas, en procedimientos que carecieron de garantías procesales y en los que se usaron confesiones obtenidas bajo coacción.
Uno de los condenados es Saleh Mohammadi, de 18 años, detenido el 15 de enero de 2026 en relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas en Qom del 8 de ese mes.
Amnistía revisó la sentencia y comprobó que Mohammadi se retractó en audiencia, alegando que sus declaraciones habían sido obtenidas mediante tortura.
Pese a ello, el tribunal no investigó las alegaciones de tortura y confirmó la condena. En la lista también figura Mohammad Amin Biglari, de 19 años, junto a otros seis jóvenes sentenciados por “enemistad contra Dios” por supuestamente incendiar una base del grupo paramilitar Basij.
Esas sentencias se dictaron aproximadamente un mes después de las detenciones. Fuentes indican que Biglari permaneció desaparecido durante semanas, fue trasladado a la prisión de Ghezel Hesar y no contó con defensa durante la investigación inicial.
Más tarde se le asignó un abogado de oficio que, según las fuentes, no defendió adecuadamente sus intereses, y la familia no pudo contratar un abogado independiente para presentar recurso.
Otros casos llaman la atención por la celeridad de los juicios y la edad de los acusados: Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, y los adolescentes Matin Mohammadi y Erfan Amiri, ambos de 17, están imputados por su presunta implicación en un incendio en una mezquita de Pakdasht que provocó la muerte de dos miembros de la Basij.
Amnistía recopiló testimonios que indican que los adolescentes fueron detenidos antes del incidente y sometidos a agresiones físicas para forzar confesiones.
El juez no reconoció a los abogados designados por la familia de Hosseinipour Hesarloo, los amenazó y nombró un defensor de oficio que, según los reportes, tampoco garantizó una defensa efectiva.
Los dos menores de 17 años permanecen en un centro de detención juvenil y están siendo procesados pese a la prohibición internacional de aplicar la pena capital a quienes eran menores de 18 años en el momento del presunto delito.
Amnistía advirtió que el número de personas en riesgo de ejecución podría ser mayor, ya que las autoridades intimidan a las familias para impedir que informen sobre la situación de los detenidos.
Los procesos descritos por la organización se caracterizan por incomunicación, tortura y desapariciones forzadas para obtener confesiones, así como por la negativa a reconocer a abogados independientes designados por los familiares.
(Con información de Europa Press y Amnistía Internacional)
