El casi total bloqueo de internet impuesto por Irán hace tres semanas ha comenzado a aliviarse, aunque no ha vuelto a la normalidad. Una parte de los 92 millones de habitantes recuperó conexión, pero bajo un sistema rígido de control que decide quién puede acceder, por cuánto tiempo y en qué condiciones. El gobierno interrumpió las comunicaciones el 8 de enero en lo que analistas internacionales consideran una medida deliberada para ocultar la magnitud de la represión contra las protestas iniciadas a finales de diciembre por el colapso económico del país.
El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, justificó el apagón señalando lo que describió como “operaciones terroristas” infiltradas en las manifestaciones. Afirmó que agentes dirigidos desde el exterior se mezclaron con los manifestantes, atacaron a las fuerzas de seguridad y a civiles, e implicó a Israel y Estados Unidos en la organización de esos hechos.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas por la caída del rial, la alta inflación y el deterioro de las condiciones de vida. En pocas horas, las demandas económicas derivaron en un cuestionamiento al sistema de la República Islámica: consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y llamados a un cambio de régimen se escucharon en decenas de ciudades y provincias. El 8 de enero, tras el llamamiento del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi a una movilización masiva, el gobierno respondió con el apagón total de internet y una represión enérgica.
Organizaciones como NetBlocks, especializada en monitoreo de conectividad, confirmaron que el apagón tuvo una escala sin precedentes: en menos de 30 minutos tras el corte del 8 de enero, el 98,5% del tráfico de internet en Irán colapsó. A diferencia de bloqueos anteriores que tardaban días en ejecutarse, el régimen desconectó gran parte del país en cuestión de segundos, apoyándose en la infraestructura de una intranet nacional desarrollada anteriormente.
El periódico reformista Shargh señaló que, según fuentes oficiales, el internet móvil se habría restaurado parcialmente. No obstante, muchos usuarios siguen sin acceso pleno y solo pueden conectarse de forma intermitente, tras varios intentos y por períodos muy limitados. Doug Madory, director de análisis de internet en Kentik, explicó a la BBC que lo observado no equivale a un retorno a la normalidad: las principales plataformas se habilitan y bloquean en distintos momentos del día, lo que sugiere que las autoridades prueban un sistema para controlar en tiempo real el tráfico web.
Amir Rashidi, director de ciberseguridad del Miaan Group, indicó a la BBC que la evidencia apunta a que solo un número reducido de personas aprobadas por el gobierno tienen acceso a la red. Aunque existe la posibilidad técnica de usar redes privadas virtuales cuando hay alguna capacidad de transmitir datos, las autoridades parecen empeñadas en frustrar el uso de esas herramientas y mantener el control sobre quién puede conectarse.
Organizaciones de derechos humanos señalan que ese control del acceso a internet ha sido clave para limitar la difusión de información sobre la represión a manifestantes. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, confirmó al 26 de enero la muerte de 5.925 manifestantes, y advirtió que el saldo final podría ser varias veces mayor, ya que 17.091 muertes reportadas están en revisión. Según HRANA, la cifra oficial del gobierno, de 3.117 víctimas mortales, no refleja la verdadera magnitud de la violencia.
Amnistía Internacional y la Relatora Especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, han denunciado que las fuerzas de seguridad emplearon munición real y armas letales contra manifestantes en las 31 provincias del país, disparando indiscriminadamente al pecho y a la cabeza. Sato afirmó que esos hechos podrían constituir ejecuciones arbitrarias y homicidios ilegales.
Tras casi tres semanas sin internet, el ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi, dijo el 26 de enero que las pérdidas diarias por el apagón rondan los 35 millones de dólares. Ante la creciente presión económica, las autoridades parecen haber habilitado formas de acceso estrictamente controladas para ciertos negocios.
Empresarios relataron a la BBC que, en algunas ciudades, miembros de las cámaras de comercio reciben entre 20 y 30 minutos diarios de acceso a internet sin filtros, siempre bajo supervisión y tras completar varias etapas de verificación de identidad. Un representante de la Cámara de Comercio de Teherán, que habló de forma anónima, describió el sistema como completamente racionado y paralizante. Algunos empresarios han debido firmar compromisos de no enviar archivos relacionados con las protestas.
Madory afirmó que, al observar los datos de tráfico, los patrones sugieren que una restauración total del acceso a internet en Irán podría no producirse nunca. El apagón ha impedido que los iraníes dentro del país reciban información confiable y que puedan comunicar al exterior lo que ocurre en las calles, hospitales y centros de detención.
El trasfondo de las protestas es una profunda crisis económica. En los últimos meses de 2025 el rial sufrió un desplome sin precedentes. Según el centro estatal de estadísticas, la inflación alcanzó el 42,2% en diciembre de 2025; los precios de los alimentos subieron un 72% y los productos sanitarios y médicos aumentaron un 50% interanual. Años de sanciones internacionales, mala gestión y aislamiento financiero han deteriorado las condiciones de vida de amplios sectores.
Estas protestas son las más importantes desde las movilizaciones de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Amnistía Internacional advirtió que el patrón de violencia documentado en enero de 2026 reproduce esquemas ya observados en 2019 y 2022, pero se agrava por el apagón de internet impuesto desde el 8 de enero, que dificulta conocer el verdadero alcance de la represión y aumenta el riesgo de nuevas violaciones graves de derechos humanos.
