Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que ejerza presión diplomática sobre las autoridades de Irán para detener los juicios y las ejecuciones contra al menos 30 personas, incluidos menores, acusadas de participar en las protestas de enero de 2026.
La ONG señaló que entre los condenados hay ocho personas que recibieron la pena de muerte pocas semanas después de su detención en procesos que, según denuncian, carecieron de garantías procesales y se basaron en confesiones obtenidas bajo coacción.
En la lista figura Saleh Mohammadi, de 18 años, detenido el 15 de enero de 2026 en relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas en Qom el 8 de ese mes.
Amnistía Internacional revisó la sentencia y comprobó que Mohammadi se retractó en audiencia de sus declaraciones, alegando que habían sido obtenidas mediante tortura.
A pesar de esas alegaciones, el tribunal no abrió una investigación y confirmó la condena. También figuran Mohammad Amin Biglari, de 19 años, y otros seis jóvenes sentenciados por el cargo de “enemistad contra Dios” tras ser acusados de incendiar una base de la fuerza paramilitar Basij.
Según fuentes informadas, las sentencias se dictaron aproximadamente un mes después de la detención; Biglari habría permaneció desaparecido varias semanas, fue trasladado a la prisión de Ghezel Hesar y no contó con defensa durante la investigación inicial.
Más tarde se le asignó un abogado de oficio que, según los informes, no defendió sus intereses y la familia no pudo designar un letrado independiente para presentar recurso.
Otros casos destacan por la celeridad de los juicios y la edad de los acusados. Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, y los adolescentes Matin Mohammadi y Erfan Amiri, ambos de 17, están procesados por su presunta implicación en un incendio en una mezquita de Pakdasht en el que murieron dos miembros de la Basij.
Amnistía recopiló testimonios que indican que los menores fueron arrestados antes del hecho y sometidos a agresiones físicas para forzar confesiones.
El juez, según los denunciantes, no reconoció a los abogados designados por la familia de Hosseinipour Hesarloo, los habría amenazado y nombró un defensor de oficio que tampoco garantizó una defensa efectiva.
Los dos jóvenes de 17 años permanecen en un centro de detención para adolescentes y están siendo procesados pese a la prohibición internacional de aplicar la pena de muerte a quienes eran menores de 18 años en el momento del presunto delito.
La organización advirtió que el número de personas en riesgo de ejecución podría ser mayor, ya que las autoridades intimidan a las familias para evitar que informen sobre la situación de los detenidos.
Los procesos descritos se caracterizan, según Amnistía, por la incomunicación, la tortura y las desapariciones forzadas para obtener confesiones, así como por la negativa a aceptar abogados independientes designados por los familiares.
(Con información de Europa Press y Amnistía Internacional)
