Casi cuatro años después de su ofensiva a gran escala, Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano. Entre 3 y 5 millones de personas que permanecen en las zonas bajo control de Moscú enfrentan problemas crónicos de vivienda, suministro de agua, electricidad, calefacción y acceso a la atención médica.
El presidente Vladimir Putin reconoció la existencia de “problemas verdaderamente acuciantes y urgentes” en las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia, anexadas por Rusia meses después del inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022.
En esas zonas se han impuesto la ciudadanía, el idioma y elementos de la cultura rusos, incluidos cambios en los planes de estudio y los libros de texto escolares.
Residentes entrevistados por ucranianos que se marcharon describen un clima de miedo: muchos temen ser acusados de simpatizar con Kiev. Activistas de derechos humanos han documentado detenciones, golpizas y ejecuciones.
Según Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rusia ha creado “una vasta red de centros de detención, secretos y oficiales, donde decenas de miles de civiles ucranianos” permanecen retenidos de forma indefinida sin cargos.
Las autoridades rusas no comentaron las denuncias previas de investigadores de la ONU sobre torturas a civiles y prisioneros de guerra.
La difícil situación de una familia
Inna Vnukova narró que los primeros días de la ocupación en la región de Lugansk los pasó escondida en un sótano húmedo con su familia, mientras soldados establecían controles, intimidaban a la población y saqueaban casas, y los bombardeos eran constantes.
Vnukova, que habló con The Associated Press desde Estonia, explicó que las tropas buscaron a funcionarios y empleados públicos, entre ellos su esposo, Oleksii Vnukov. A mediados de marzo de 2022 ella y su hijo de 16 años huyeron con la familia de su hermano hacia Starobilsk, dejando temporalmente a su marido, y usando una sábana blanca como señal durante un trayecto bajo fuego de mortero.
Oleksii, agente de seguridad del tribunal, permaneció casi dos semanas y fue amenazado de muerte en varias ocasiones antes de escapar. Vnukova describe la vida en su pueblo de Kudriashivka como de mera supervivencia: de las 800 personas que vivían allí, ahora quedan unas 150, incluidos los padres de la pareja.
La familia rehízo su vida en Estonia: ella trabaja en una imprenta, él es electricista, su hijo ya tiene 20 años y tienen una hija de un año llamada Alisa.
La vida en la destrozada Mariúpol
Mariúpol fue sitiada durante semanas y cayó en mayo de 2022. El bombardeo del Teatro Dramático Académico Regional de Donetsk el 16 de marzo de ese año, que según una investigación de AP causó casi 600 muertos dentro y alrededor del edificio, es el ataque más letal contra civiles registrado en el conflicto.
Gran parte de la población, entonces cercana al medio millón, huyó, aunque muchos se ocultaron en sótanos. Un exactor que ahora vive en Estonia habló en anonimato porque sus padres, de 76 años, siguen en Mariúpol y habrían solicitado la ciudadanía rusa para acceder a atención médica y a un pago único equivalente a 1.300 dólares por persona como compensación por la pérdida de su vivienda.
Aunque la población ha disminuido a la mitad, los problemas de vivienda persisten: según denuncias enviadas por video a Putin, nuevos apartamentos a veces se venden a recién llegados rusos en lugar de a quienes perdieron su hogar.
No todos se oponen al control ruso: el exactor afirmó que cerca de la mitad de su antigua compañía apoya al Kremlin. Sus padres le pidieron, además, que no enviara postales en ucraniano por motivos de seguridad.
Infraestructura en ruinas
Años de guerra y abandono han dejado los servicios municipales en serio deterioro. En Alchevsk, en la región de Lugansk, más de la mitad de los hogares estuvo sin calefacción durante el invierno; se han instalado cinco estaciones de calefacción para aliviar la situación.
En la región de Donetsk, los camiones cisterna llenan barriles fuera de bloques de apartamentos, pero el agua se congela en invierno, y la distribución es motivo de constantes disputas, según una residente que habló en anonimato.
Moscú promueve la reubicación de ciudadanos rusos a las regiones ocupadas ofreciendo incentivos: a profesores, médicos y trabajadores culturales se les ofrecen complementos salariales si residen allí durante cinco años.
Sievierodonetsk, que llegó a tener 140.000 habitantes, quedó muy dañada y ahora alberga unas 45.000 personas, en su mayoría ancianos o discapacitados. La atención sanitaria es limitada: solo una ambulancia sirve la ciudad y el hospital funciona con personal médico ruso rotativo, según un exingeniero que habló en anonimato.
Putin admitió en septiembre la existencia de problemas urgentes como el acceso fiable al agua y a la atención médica y dijo haber puesto en marcha un “programa de desarrollo socioeconómico a gran escala” para las regiones.
Vivir con miedo
Stanislav Shkuta, de 25 años y originario de Nova Kakhovka, relató que escapó por poco de detenciones repetidas antes de alcanzar territorio ucraniano en 2023. Recordó un control en un autobús donde a hombres y mujeres se les pidió desnudarse hasta la cintura para buscar tatuajes relacionados con Ucrania.
Shkuta, ahora en Estonia, contó que temió por su seguridad y revisó su teléfono por si quedaban evidencias. Quienes permanecen en Nova Kakhovka describen un empeoramiento de la vida cotidiana y detenciones de presuntos simpatizantes ucranianos, tanto en la calle como en registros domiciliarios sorpresa.
Mykhailo Savva, del Centro para las Libertades Civiles en Ucrania, afirmó que los servicios especiales rusos siguen identificando a ucranianos considerados desleales, obteniendo confesiones y efectuando detenciones, mientras se multiplican los controles de documentos y registros masivos.
Organizaciones de derechos humanos indican que al comienzo de la guerra Rusia empleó “campos de filtración” para detectar personas potencialmente desleales: empleados gubernamentales, quienes ayudaran al ejército ucraniano, familiares de militares, periodistas, docentes, científicos y políticos.
El Defensor del Pueblo de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, afirmó que unas 16.000 personas han sido detenidas de forma ilegal, aunque la cifra podría ser mucho mayor porque muchos están incomunicados.
(AP)
