El conflicto por la administración del Puerto de Ushuaia pasó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras varios movimientos procesales en los tribunales del sur, el expediente ingresó el miércoles 18 de febrero a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, que deberá resolverlo conforme a su competencia exclusiva.
El trámite se aceleró luego de que el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, declarara el 10 de febrero su incompetencia para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad que presentó el gobernador Gustavo Melella contra el Estado nacional. Las partes buscaron así agilizar la elevación del expediente a los tribunales de la calle Talcahuano.
El fiscal federal interino Fernando Rota, a cargo de la Unidad Fiscal Ushuaia, dictaminó a favor de la incompetencia y renunció expresamente a los plazos procesales para recurrir, solicitando la remisión inmediata de las actuaciones. En igual sentido, el gobierno de Tierra del Fuego, representado por el constitucionalista Antonio María Hernández, requirió la elevación directa del expediente.
Por la licencia del juez Calvete intervino la jueza federal subrogante Mariel Borruto, que tuvo por contestados los requerimientos y ordenó la remisión mediante un pase digital. La disputa por la terminal más austral del país superó la instancia local y aguarda ahora la resolución de los ministros del máximo tribunal.
Los fundamentos del desembarco nacional
La controversia se originó el 20 de enero con la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo dependiente del Ministerio de Economía. La medida, firmada por el director ejecutivo Iñaki Arreseygor, suspendió preventivamente la habilitación del muelle y ordenó una intervención administrativa, técnica y operativa.
Para justificar el desplazamiento de las autoridades provinciales, el Poder Ejecutivo nacional se apoyó en una auditoría de octubre de 2025 que advirtió presuntas deficiencias de seguridad estructural y falta de inversiones. Jurídicamente, el Gobierno sostuvo que la provincia incumplió el convenio de transferencia suscripto el 25 de septiembre de 1992.
El disparador fue la sanción de la Ley provincial 1.596 en julio de 2025, que autorizó el uso de fondos portuarios para cubrir el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y permitió otorgar préstamos por 4.200 millones de pesos al Ejecutivo local para proyectos sanitarios. Para la Nación, esas operaciones evidencian la falta de contabilización independiente de los ingresos del muelle respecto de las rentas generales.
Los argumentos del amparo provincial
En su demanda, la administración de Melella calificó la decisión de la ANPyN como una vulneración de la autonomía provincial y del sistema federal. Con el patrocinio de los abogados Juan Carlos Cassagne y Emiliano Víctor Fossatto, la provincia solicitó una medida cautelar para suspender la resolución y que se declare la inconstitucionalidad de la intervención, por entender que invadía competencias no delegadas al Estado nacional.
Roberto Murcia, desplazado titular de la Dirección Provincial de Puertos, rechazó las acusaciones de desfinanciamiento o desvío de recursos. Afirmó que los fondos previstos en la ley de 2025 nunca fueron transferidos a la obra social y que los 4.200 millones constituyeron una inversión respaldada con garantías bancarias e intereses, por lo que no habrían afectado el funcionamiento normal de la terminal.
La operatividad del muelle y la caja millonaria
Al haberse declarado incompetente la justicia federal de primera instancia, la medida cautelar solicitada por la provincia no fue resuelta y la resolución nacional permanece vigente. Actualmente, la operación del puerto está a cargo de empleados designados por la ANPyN, que responden a las directivas del sindicalista Juan Avellaneda, titular de la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) en Tierra del Fuego, uno de los impulsores de la denuncia administrativa que motivó la intervención.
La incertidumbre judicial llega en plena temporada alta de cruceros. Más allá de la disputa por las competencias, el control del puerto implica la administración de un presupuesto anual cercano a los 22.000 millones de pesos y la gestión de una actividad comercial significativa, con un promedio de unas 700 embarcaciones por año.
Los registros oficiales de 2024 consignan más de 232.000 personas transitando por sus muelles. En 2025 el ritmo se mantuvo, con 511 buques de pasaje, 34 pesqueros y 30 naves de carga. Este último segmento es clave para la economía local: moviliza más de 19.300 contenedores anuales que abastecen a la industria electrónica fueguina amparada por el subrégimen de promoción. Todo ese entramado económico y logístico queda ahora supeditado al pronunciamiento de la Corte Suprema.
