Los clubes de Primera División decidieron convocar a un paro de todas las categorías del fútbol argentino para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. La medida se resolvió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la que los dirigentes manifestaron su rechazo a las denuncias presentadas por ARCA en relación con cuestiones tributarias y expresaron respaldo a la conducción de la entidad.
Según reconstruyó Infobae, durante el encuentro Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, mostró una captura de la página oficial de ARCA que, según su presentación, prueba que la AFA no registra deudas exigibles ni tiene declaraciones juradas pendientes. Con ese documento, los dirigentes intentaron sostener que la deuda que motivó la causa judicial no existe. La exhibición de esa evidencia fue un factor determinante para que los clubes de Primera optaran por impulsar el paro como señal de apoyo institucional.
En la misma reunión, Claudio Tapia, presidente de la AFA, llamó a la unidad de los dirigentes ante el conflicto. Tras la exposición de Lorenzo, los representantes de la máxima categoría coincidieron en la necesidad de suspender la actividad. Los directivos de Primera ya se encuentran en contacto con las demás categorías para que adhieran a la medida, y todo indica que se sumarán al paro.
El comunicado de la AFA
Ante la difusión de noticias sobre la decisión judicial de citar a indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, la entidad hace las siguientes aclaraciones:
La AFA sostiene que no existe deuda exigible por las obligaciones fiscales que motivaron la denuncia de ARCA y que sirvieron de base para la citación judicial de sus autoridades.
La AFA afirma que los pagos voluntarios de esas obligaciones se realizaron antes de su vencimiento, argumento que ya fue presentado ante el tribunal interviniente y que actualmente está pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.
Según la AFA, ARCA pretende convertir en delito penal tributario obligaciones que aún no estaban vencidas y que no podían ser exigidas, lo que, a juicio de la entidad, contraviene la normativa vigente.
En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de la fecha, los dirigentes, por unanimidad de los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de la LPF —que abarca del jueves 5 al domingo 8 de marzo— y la actividad del resto de las categorías del fútbol argentino, en repudio a la denuncia de ARCA contra la AFA.
A la salida de la reunión, y antes de la publicación del comunicado institucional, Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, explicó la postura de los clubes: “Todos los clubes están creciendo y haciendo obras. Con aciertos y errores, siempre queremos lo mejor para nuestros clubes. Veremos cuál es el camino a seguir, creo que hay una persecución a los clubes. Esto lo planteamos porque pasa a ser un tema de Estado. Los clubes son parte esencial de la estructura del deporte. Uno nota que a veces se ponen trabas que son injustas, hay cosas muy raras”.
Consultado sobre el alcance de la medida, Berlanga fue categórico: “No se descarta parar el torneo. Tomaremos la medida que haya que tomar”. Añadió que la decisión responde a lo que consideró una ofensiva institucional: “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”.
En sus declaraciones a la prensa, Berlanga también se refirió a las consecuencias para la cúpula de la AFA: “Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a CONMEBOL. Es todo muy raro…”.
El origen de la causa
El proceso penal comenzó el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA, el ente recaudador. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron, según la denuncia, una omisión sistemática en el pago de tributos. La acusación sostiene que la AFA no retuvo ni depositó aportes a la seguridad social, lo que habría generado un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000. Las presuntas maniobras se habrían desarrollado entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, acumulando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales, y fueron encuadradas en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario. La fiscalía se apoyó en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que considera configurado el delito 30 días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.
La querella sostuvo que la falta de pagos no respondía a dificultades financieras, aportando datos contables que muestran ingresos bancarios significativos: según esa presentación, la AFA habría recibido acreditaciones por $45.072.435.530 en diciembre de 2024 y sumó ingresos por $453.449.869.194 en 2025. Durante ese lapso, la directiva constituyó plazos fijos en pesos y en dólares. ARCA concluyó que los responsables contaban con la capacidad material para cumplir con las obligaciones fiscales.
El 27 de enero de 2026, la defensa de Tapia solicitó la nulidad de la citación mediante una excepción de falta de acción, alegando que las obligaciones fiscales no eran exigibles en las fechas señaladas y citando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron ejecuciones fiscales a entidades sin fines de lucro.
La acusación rechazó la hipótesis de un error administrativo y argumentó que la omisión de pagos durante 19 meses evidenciaba una conducta concertada de las autoridades. Las auditorías de balance que reflejaban deudas millonarias llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero, responsables de presentar y avalar esos informes ante la asamblea.
Los testimonios del 10 de febrero describieron el procedimiento interno para el pago de tributos: Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, explicaron que los pagos se realizaban sólo tras instrucciones verbales, personales o telefónicas del tesorero. Bouvet indicó que su área notificaba vencimientos y la deuda acumulada, aguardando la orden de Pablo Toviggino para generar los volantes electrónicos de pago. Los compromisos fiscales se afrontaban con fondos de cuentas oficiales en Banco Credicoop y requerían la firma mancomunada de tres autoridades. Méndez señaló a Toviggino como responsable del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional.
Las audiencias indagatorias están programadas para comenzar el 5 de marzo de 2026 con la declaración de Tapia y los abogados de la AFA. El 6 de marzo declararán Toviggino y Gustavo Lorenzo, y el 9 de marzo deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. La Cámara Nacional en lo Penal Económico aún debe resolver el recurso de la defensa, que había apelado la negativa al pedido de sobreseimiento previo a las citaciones. El juez rechazó el cierre del expediente, avalando la continuidad de la causa según la postura de ARCA y la fiscalía.
La justicia autorizó a Claudio Tapia a viajar al exterior bajo fianza
El juez Diego Amarante autorizó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, a salir del país tras el depósito de una fianza de $5.000.000, para asistir a compromisos oficiales en Colombia y Brasil en el marco de la causa por presunta evasión impositiva.
La autorización establece condiciones estrictas: Tapia deberá notificar su regreso a través del sistema LEX100 dentro de las 48 horas posteriores y presentar el comprobante migratorio correspondiente. Si incumpliera, la fianza podría ejecutarse y se ordenaría su captura.
Hasta ese momento, Tapia tenía prohibido salir del territorio nacional como medida para asegurar su presencia en las actuaciones judiciales relacionadas con la investigación por la presunta retención indebida de aportes.
La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.o 9 avaló el pedido de la defensa el 20 de febrero, condicionando la salida a la constitución de una caución económica, que fue depositada electrónicamente en el Banco de la Nación Argentina.
Durante el viaje, Tapia participará en un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y luego asistirá a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro. Las notificaciones sobre la restricción migratoria involucraron a SIFCOP, al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones.
El itinerario autorizado cubre del 23 al 28 de febrero de 2026. Se establece que Tapia se alojará en un hotel de cuatro estrellas en Colombia y uno de tres estrellas en Brasil, y que sus compromisos no interferirán con las audiencias indagatorias programadas en la causa.
