El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para asumir la posesión legal del superpetrolero Skipper y de cerca de dos millones de barriles de crudo incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre. Las autoridades estadounidenses señalan que esta medida forma parte de la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para afianzar su control sobre el sector petrolero venezolano tras acciones dirigidas contra el presidente Nicolás Maduro.
Según el gobierno de EE. UU., es la primera vez que se recurre a este mecanismo legal para formalizar el control de uno de al menos diez petroleros interceptados desde finales del año pasado.
Funcionarios estadounidenses indicaron que Venezuela habría utilizado una “flota fantasma” con banderas falsificadas para introducir crudo ilícito en cadenas de suministro globales. El Departamento de Justicia denuncia la existencia de un plan, vigente al menos desde 2021, para facilitar el envío y la comercialización de productos petroleros en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, organización que Estados Unidos considera terrorista extranjera. Según la acusación, el Skipper habría trasladado crudo desde Irán y Venezuela mediante transferencias de barco a barco, entregándolo en destinos descritos como “regímenes parias”.
En un comunicado, la secretaria de Justicia Pam Bondi afirmó: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto a regímenes que representan amenazas claras para Estados Unidos ha terminado”. El gobierno estadounidense aseguró que empleará toda su autoridad legal para desmantelar operaciones que violen sus leyes y contribuyan al desorden internacional.
La incautación del Skipper en diciembre abrió una serie de medidas destinadas a aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro, con el objetivo declarado de cortar el acceso a los ingresos petroleros que sostienen la economía venezolana. Según la versión oficial, tras una redada estadounidense en la que se habría arrestado a Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, varias embarcaciones vinculadas a Venezuela intentaron abandonar la zona a pesar de las restricciones impuestas sobre petroleros sancionados; las fuerzas estadounidenses dicen haber rastreado e interceptado algunos de esos buques incluso en el océano Índico.
El gobierno de Trump busca supervisar la producción, la refinación y la distribución internacional del petróleo venezolano, así como el destino de los ingresos derivados de esa actividad. Recientemente, Estados Unidos comenzó a levantar sanciones amplias para permitir que empresas extranjeras operen en Venezuela con la finalidad de reactivar su industria petrolera.
La denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia solicita la confiscación permanente del Skipper y de su carga, lo que permitiría la venta eventual del petróleo. El Departamento de Justicia sostiene que el buque falsificó su ubicación y utilizó banderas apócrifas para ocultar sus movimientos y eludir sanciones internacionales.
El secretario de Justicia adjunto A. Tysen Duva declaró: “Un petrolero fantasma que durante años trasladó en secreto petróleo ilícito de Irán y Venezuela por todo el mundo ha sido retirado de los mares”. Añadió que estas acciones buscan interrumpir el flujo de millones de dólares hacia organizaciones calificadas como terroristas por Estados Unidos y reforzar la seguridad nacional e internacional.
(Con información de AP, Reuters y Bloomberg)
