Esta tarde la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas que obliga a los importadores a garantizar que los bienes que ingresan al país no provienen de trabajo forzoso, obligatorio ni trabajo infantil. La iniciativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo fortalecer el control de las cadenas de suministro y cumplir compromisos internacionales en materia de derechos laborales.
El dictamen, leído en sesión plenaria por el diputado William Soriano, señala que la medida responde a las obligaciones de El Salvador como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y en la exigencia de condiciones laborales aceptables. La reforma incorpora un nuevo artículo a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas para establecer controles aduaneros relacionados con el trabajo forzoso y el trabajo infantil.
A partir de ahora, la Dirección General de Aduanas (DGA) exigirá a los importadores una declaración jurada en formato oficial en la que conste que los bienes no fueron fabricados, ensamblados ni transformados mediante trabajo forzoso, obligatorio o infantil. Esta exigencia se apoya en los artículos 37 y 38 de la Constitución, que reconocen la función social del trabajo y la protección estatal de condiciones dignas, así como en la Declaración de la OIT de 1998, enmendada en 2022.
Si existen alertas, indicios o dudas razonables, la DGA podrá requerir documentación adicional para comprobar la trazabilidad de los productos y el cumplimiento de la normativa sobre erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil. El decreto contempla sanciones administrativas, civiles o penales por declaraciones falsas o falta de información, y prevé medidas como la suspensión provisional del trámite, la retención preventiva de la mercancía o la denegatoria del despacho aduanero, conforme a la legislación vigente.
Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió la iniciativa a votación, que fue aprobada con 57 votos a favor. La reforma contó con el respaldo unánime de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que emitió dictamen favorable el 2 de marzo y consideró que la modificación fortalecerá un comercio basado en el respeto a los derechos laborales fundamentales.
El decreto establece que la DGA, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deberá emitir la normativa complementaria para regular los mecanismos de intercambio de información y la operatividad de la disposición, además de realizar las adecuaciones necesarias en los sistemas informáticos de control aduanero. El documento oficial señala que la gestión de riesgos y el análisis de datos serán elementos clave para la implementación de estos controles.
El nuevo marco legal entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Con esta reforma, El Salvador busca alinear su legislación aduanera con estándares internacionales en materia de derechos humanos y laborales, reforzando la supervisión sobre las cadenas de suministro. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo tras consultas con el Ministerio de Hacienda, que justificó la urgencia de actualizar la normativa para cumplir obligaciones internacionales y proteger a la niñez y la dignidad laboral.
