Esta tarde, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas que obliga a los importadores a garantizar que los bienes que ingresan al país no fueron producidos mediante trabajo forzoso, obligatorio ni trabajo infantil. La iniciativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele y el Ministerio de Hacienda, busca fortalecer los controles en las cadenas de suministro y cumplir compromisos internacionales sobre derechos laborales.
El dictamen, presentado por el diputado William Soriano en la sesión plenaria, señala que la reforma responde a las obligaciones de El Salvador como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la exigencia de condiciones laborales adecuadas en relación con salarios y jornadas. La modificación incorpora un nuevo artículo que establece controles aduaneros específicos contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil.
A partir de ahora, la Dirección General de Aduanas (DGA) exigirá a los importadores una declaración jurada en formato oficial que acredite que los bienes no fueron fabricados, ensamblados ni transformados mediante trabajo forzoso, obligatorio o infantil. Esta exigencia se fundamenta en los artículos 37 y 38 de la Constitución, que reconocen el trabajo como función social protegida por el Estado y establecen principios para garantizar condiciones de vida dignas. La reforma también se enmarca en la Declaración de la OIT de 1998, actualizada en 2022.
Si existen alertas, indicios o dudas razonables, la DGA podrá solicitar documentación adicional para verificar la trazabilidad de los productos y el cumplimiento de las normas destinadas a erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil. El decreto contempla sanciones administrativas, civiles o penales por declaraciones falsas o por falta de información, y prevé medidas como la suspensión temporal del trámite, la retención preventiva de la mercancía o la denegatoria del despacho aduanero conforme a la legislación vigente.
Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, resaltó la importancia de la reforma y sometió la iniciativa a votación; fue aprobada con 57 votos a favor. La propuesta contó con respaldo unánime de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que emitió dictamen favorable el 2 de marzo para su estudio y votación en la plenaria.
El decreto dispone que la DGA, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deberá emitir la normativa complementaria para regular los mecanismos de intercambio de información, la operatividad de la disposición y las adecuaciones necesarias en los sistemas informáticos aduaneros. La gestión de riesgos y el análisis de datos se identifican como componentes clave para la implementación de estos controles.
La nueva norma entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Con esta reforma, El Salvador busca alinear su normativa aduanera con estándares internacionales de derechos humanos y laborales y reforzar la supervisión sobre las cadenas de suministro en el comercio internacional. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo tras consultas con el Ministerio de Hacienda, que justificó la urgencia de actualizar la normativa para cumplir obligaciones internacionales y proteger la niñez y la dignidad laboral.
