ACUMAR ordenó la clausura preventiva de la planta avícola ubicada en El Jagüel tras una inspección en el predio donde funciona el frigorífico, actualmente explotado por la firma Wade. El establecimiento es uno de los principales centros de faena y procesamiento de pollo de la zona sur del conurbano bonaerense, y la medida responde a incumplimientos detectados durante el control.
La intervención se inscribe dentro de las facultades de fiscalización del organismo sobre las industrias consideradas potenciales agentes contaminantes en la cuenca Matanza-Riachuelo. ACUMAR realiza inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las normas ambientales y puede aplicar sanciones que van desde multas hasta clausuras preventivas cuando identifica irregularidades en el tratamiento de efluentes u otros procesos industriales que puedan perjudicar al ambiente y a la salud pública.
En este caso, la planta de El Jagüel había sido señalada en reiteradas oportunidades por vecinos de la zona debido a olores intensos. En las últimas semanas se intensificaron las presentaciones ante ACUMAR solicitando información y controles sobre el funcionamiento del establecimiento. Las denuncias municipales y vecinales apuntaban principalmente a emanaciones que, según quienes realizaron las presentaciones, podrían afectar a distintos barrios del partido de Esteban Echeverría.
La clausura preventiva implica la suspensión temporal de las actividades hasta que la empresa a cargo demuestre el cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables y adopte las medidas correctivas requeridas. Entre los aspectos que suelen verificarse en este tipo de inspecciones figuran el tratamiento y disposición de efluentes líquidos y sólidos, el control de olores, sistemas de contención de residuos y el correcto funcionamiento de plantas de tratamiento, entre otros procesos vinculados a la faena y el procesamiento avícola.
Las autoridades competentes pueden imponer plazos y condiciones para la reapertura, así como aplicar sanciones administrativas adicionales si se constatan infracciones graves o reincidencias. La actuación de ACUMAR busca, de forma preventiva, evitar impactos ambientales que se traduzcan en riesgos para la salud de la población y en deterioro de la calidad del agua, del suelo y del aire en la cuenca.
Vecinos, organizaciones locales y autoridades municipales habían elevado reclamos y pedidos de mayor fiscalización, lo que motivó un seguimiento más estrecho del caso. Por ahora, la situación permanece sujeta a nuevas pericias y decisiones administrativas que definirán si la planta puede retomar sus operaciones y bajo qué condiciones. La información sobre posibles medidas complementarias y el resultado de las verificaciones oficiales será comunicada a medida que avance el proceso.
