La ex secretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, enfrentará desde este lunes un juicio por un millonario caso de corrupción que, según la investigación, suma casi 500 millones de pesos entre sobreprecios y fraudes al Estado. Ramírez ejerció el cargo durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
Según fuentes citadas por Infobae, el proceso judicial está previsto para comenzar el lunes 16 de marzo. La instrucción estuvo a cargo del fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, quien solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Ramírez fue secretaria de Deportes en 2022-2023 y en marzo de 2022 creó el Ente Deporte San Luis. A través de ese organismo descentralizado la gobernación otorgó un aporte no reintegrable de 280 millones de pesos. En octubre de 2022 constituyó la asociación civil San Luis FC, destinada al fútbol femenino, en la que fue designada presidenta; su pareja actuó como vicepresidente y uno de los socios fundadores también dirigía el ente público. Fuentes señalaron que la asociación no contaba con una sede social registrada.
La investigación determinó que desde la creación de la asociación se registraron 188 transferencias desde el Ente de Deporte hacia el club por más de 166 millones de pesos, destinadas a rubros como transporte, viandas y electrodomésticos. La fiscalía sostiene que cualquier gasto del San Luis FC, vinculado a Ramírez, fue cubierto con fondos públicos gestionados por la Secretaría de Deportes y canalizados por el ente presidido por la misma funcionaria; en apariencia las operaciones eran legales, pero ocultaban una maniobra para favorecer intereses particulares.
El caso se profundizó pocos días antes del cambio de gestión en diciembre de 2023, cuando se realizó un giro de 290 millones de pesos desde el Poder Ejecutivo al club para la compra de un colectivo de larga distancia de 60 asientos. El expediente administrativo que autorizó la operación se inició el 1° de diciembre de 2023, nueve días antes de la salida de la funcionaria.
La tasación oficial ordenada por la Justicia fijó el valor real del vehículo en 114 millones de pesos, debido a su mal estado, lo que implicaría un sobreprecio de 176 millones. Fotografías y peritajes consignados en la causa muestran el motor en condiciones deficitarias, neumáticos muy gastados y un odómetro que registraba más de 800.000 kilómetros; se trata de un modelo 2018.
Inicialmente la fiscalía provincial había calificado los hechos como malversación de caudales públicos, pero a partir de un dictamen del Procurador General provincial la calificación legal se elevó a corrupción. También se imputaron los delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, actuando en concurso ideal y real.
La defensa de Ramírez, a cargo de Marcos Juárez y Ramiro Rubio, planteó la nulidad de la acusación por supuestas vulneraciones de garantías procesales, argumentando que no todas las órdenes de pago se dirigieron al club y que hubo un cambio en la calificación legal sin nueva convocatoria para ejercer la defensa. Juárez destacó la diferencia entre la malversación de fondos y el peculado. La jueza de Garantía N°4 de la ciudad de San Luis, Luciana Banó, rechazó ese planteo y habilitó la apertura del juicio.
Según la acusación, Ramírez justificó la compra del colectivo con fondos de su propia Secretaría, pero finalmente la partida se ejecutó desde el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno y los fondos se depositaron en la cuenta del club; todo quedó consignado en el Decreto N°11.596-SGG-2023.
Entre los testigos citados figura el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, propuesto por la defensa, debido a que la operación fue autorizada por un decreto firmado durante su gestión. También fueron convocados otros exfuncionarios —como el exsecretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo y el exministro de Hacienda Eloy Horcajo—, representantes de la Secretaría de Deportes, interventores del club y peritos que realizaron las tasaciones y verificaciones del colectivo.
Medios locales informaron que Rodríguez Saá podría ausentarse del país durante los días del juicio, lo que pondría en duda su presencia en el tribunal. La defensa de Ramírez afirmó que consideran al exgobernador un testigo clave porque, dentro de sus atribuciones, autorizó la compra del colectivo.
En declaraciones a Radio Universidad, el defensor señaló además que un gobernador puede tomar decisiones discrecionales de ese tipo, como efectuar una donación a una entidad como San Luis Fútbol Club.
La defensa anticipó que intentará suspender la audiencia argumentando que permanece pendiente un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y que existen “irregularidades”, en la medida en que la acusación elevada a juicio difiere del hecho por el cual Ramírez fue indagada durante la investigación.
El debate se iniciará el lunes y se extenderá hasta el 20 de marzo. El tribunal estará presidido por Fernando De Viana, con Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso como vocales.
