En Argentina —y en muchos otros países— se hizo evidente que contar con diagnósticos acertados no basta: numerosas políticas públicas no alcanzan los resultados esperados. Durante décadas hemos visto retrocesos en el bienestar, la cohesión social y las oportunidades, mientras los problemas se vuelven más complejos. Es notorio lo difícil que resulta traducir compromisos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en mejoras concretas y sostenidas para la población.
Ante este panorama, mejorar la eficacia de las políticas públicas es una prioridad. Para lograrlo hacen falta dos condiciones que suelen abordarse por separado: evidencia y diálogo. No existen políticas efectivas sin investigación rigurosa que ayude a entender los problemas y evaluar qué funciona. Pero la evidencia por sí sola no transforma realidades si no influye en las decisiones; y la política que prescinde de la evidencia tiende a reiterar errores, aun cuando sus intenciones sean buenas.
Además, los desafíos requieren respuestas sostenidas en el tiempo, posibles sólo si se construyen acuerdos amplios que resistan cambios de gobierno y que involucren a actores diversos. El diálogo plural no es un gesto simbólico: es una condición de efectividad.
Durante casi veinte años en CIPPEC, desde distintos roles, esa ha sido la orientación principal: usar la investigación aplicada para incidir en políticas públicas con impacto real en la vida de las personas, y al mismo tiempo construir coaliciones y acuerdos en contextos de alta incertidumbre política y económica. Incidir no equivale a comunicar mejor; significa contribuir a que se adopten decisiones distintas que generen mejores resultados.
Algunos ejemplos lo ilustran. El apoyo técnico al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) demostró que las políticas públicas pueden cambiar realidades cuando se diseñan con evidencia y cooperación federal: en pocos años la tasa de fecundidad adolescente en Argentina se redujo a la mitad, una de las transformaciones sociales más rápidas de las últimas décadas. De manera análoga, iniciativas para fortalecer las trayectorias educativas, mediante sistemas de alerta temprana (SAT) y trabajo territorial, contribuyeron a disminuir el abandono escolar. En ambos casos, la diferencia no estuvo sólo en el diagnóstico o la investigación, sino en convertir esos insumos en políticas mediante alianzas.
Los think tanks deben preservar su autonomía si aspiran a incidir de forma sostenible en contextos donde los gobiernos se alternan y los desafíos públicos requieren acuerdos amplios. Dada la complejidad de los problemas, es clave co-construir soluciones con todos los actores: el Congreso, los sindicatos, el sector privado, la academia, la sociedad civil y los medios, entre otros. En 25 años, CIPPEC ha desarrollado una identidad basada en esa independencia y en el diálogo plural, un activo institucional que explica gran parte de su capacidad de incidencia y que seguirá siendo central en la nueva etapa bajo la dirección de Luciano Laspina.
También es necesario reconocer que la incidencia no concluye con la decisión política. Acompañar los primeros pasos de la implementación —sin suplantar el rol indelegable del Estado— suele marcar la diferencia entre una buena política en el papel y una mejora real en la vida cotidiana. Reducir la brecha entre decisión y acción es parte esencial de una agenda de impacto.
Cierro hoy una etapa en CIPPEC y continúo este camino desde el Panel Internacional para el Progreso Social, con el mismo objetivo: aportar evidencia y construir diálogos que contribuyan a mejorar las políticas públicas. En un contexto de creciente desconfianza, reconstruir la capacidad para transformar problemas en soluciones compartidas es, quizá, una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo.
