La entidad, que forma parte del sistema de prestaciones para personas con discapacidad regulado por la Ley 24.901, atraviesa serias dificultades económicas derivadas del incumplimiento y la demora en los pagos por las prestaciones efectivamente realizadas. La incertidumbre en los flujos de caja afecta de manera directa el funcionamiento cotidiano: compromete el pago de sueldos, la contratación y mantenimiento de transporte especializado, la compra de insumos y la continuidad de los programas y terapias que brindan a las personas usuarias.
El problema no es exclusivo de una organización. En Zona Sur numerosas instituciones que integran la red de atención a personas con discapacidad dependen mayoritariamente del financiamiento estatal para garantizar sus prestaciones. Cuando los desembolsos se realizan fuera de término o no se concretan, se generan tensiones financieras que repercuten en toda la cadena de atención: prestadores, equipos profesionales, transportistas y las propias familias que reciben los servicios.
Ante este panorama, el Foro Permanente del sector convocó a prestadores, transportistas y profesionales para visibilizar la situación y poner en común el alcance de las dificultades. Los representantes del sector subrayan que el reclamo apunta a mostrar la situación real de quienes sostienen diariamente el sistema de prestaciones, y a exigir respuestas institucionales que eviten la profundización de la crisis. Según advierten, de no resolverse con urgencia la problemática de pagos, varias instituciones podrían enfrentar la quiebra o verse obligadas a cerrar servicios, con las consecuencias directas sobre las personas con discapacidad que dependen de ellos.
Las implicaciones son múltiples: la reducción o suspensión de prestaciones terapéuticas y rehabilitadoras, la pérdida de empleos en organizaciones que ya operan con márgenes ajustados, la interrupción del transporte adaptado y mayores tiempos de espera para acceder a tratamientos. Todo ello puede redundar en un empeoramiento de la calidad de vida de quienes requieren continuidad en la atención y en una mayor presión sobre las familias y cuidadores.
En este marco, el pedido de los prestadores busca, en términos generales, la regularización de los pagos y la implementación de mecanismos de atención que garanticen previsibilidad financiera. También se plantean la necesidad de diálogo entre el Estado y las instituciones prestadoras para acordar soluciones transitorias que permitan sostener los servicios mientras se normaliza la gestión de fondos. La situación pone en evidencia la fragilidad institucional del sistema de prestaciones cuando depende de desembolsos públicos cuya demora puede comprometer no solo a las organizaciones sino la atención de personas con discapacidad en toda la Zona Sur.
