Dos jueces de San Isidro fueron víctimas de una estafa telefónica sofisticada que, según la investigación, fue organizada desde el interior de una cárcel de la provincia de Buenos Aires. Los pesquisas señalan a tres internos de la Unidad Penitenciaria N° 35 de Magdalena que habrían montado un “call center” delincuencial para engañar a sus objetivos.
El caso se conoció tras la denuncia del juez Luis Cayetano Cayuela: el 19 de febrero recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por empleado del correo Andreani. Con ese pretexto, el estafador consiguió que el magistrado proporcionara un código de verificación, lo que permitió tomar el control de su cuenta de WhatsApp y desde allí pedir dinero a sus contactos suplantando su identidad.
Días más tarde, el juez Juan Eduardo Stepaniuc fue contactado con la misma modalidad, aunque en su caso pudo evitar la estafa luego de ser alertado por un colega y así interrumpir la maniobra a tiempo.
La pesquisa, a cargo de la DDI y la UFEIC de Zona Norte, determinó que los autores efectuaban numerosos llamados diarios usando distintas fachadas: supuestas gestiones de Andreani, contactos de Movistar o un falso soporte técnico de WhatsApp. El objetivo consistente era obtener códigos de seguridad para acceder a cuentas personales y solicitar transferencias de dinero.
Tareas de inteligencia, que incluyeron análisis de comunicaciones e intervenciones telefónicas, permitieron rastrear el origen de las llamadas hasta el pabellón 7, celda 3, de la cárcel de Magdalena. Allí los internos describían su actividad como un “call center carcelario”.
En un allanamiento en ese lugar, las autoridades secuestraron seis teléfonos celulares, cargadores y tarjetas SIM. Identificaron como presunto líder a Gabriel Giménez y como sus cómplices a Juan Acuña y Facundo Ponce, todos alojados en la misma celda.
Giménez registra antecedentes penales y condenas por robos agravados con uso de armas de fuego, lo que complica aún más su situación judicial.
La causa quedó a cargo de la UFI de Ciberdelitos de Zona Norte, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, con intervención del Juzgado de Garantías N°4. El episodio vuelve a poner en evidencia deficiencias en el control dentro de las unidades penitenciarias y el problema del uso ilegal de teléfonos por parte de internos para cometer delitos desde prisión.
