Con raíces en la Unión Soviética y en la KGB, la propaganda y la manipulación de la información han sido elementos centrales de regímenes autoritarios. En ese contexto, la rápida adopción de tecnologías digitales se ha transformado en una herramienta para influir políticamente, invocar la seguridad nacional y gestionar la narrativa pública.
En las últimas horas, fuentes de inteligencia evalúan la posibilidad de un atentado contra el líder ruso y escenarios de desestabilización interna. Lo verificable es que desde mayo de 2026 Rusia endureció las restricciones a la conectividad móvil en Moscú y otras zonas, especialmente durante actos sensibles como el Día de la Victoria. Aunque se justifican por razones de seguridad —incluida la amenaza de ataques con drones— estas medidas afectan actividades cotidianas: pagos digitales, operaciones bancarias, transporte, navegación y la comunicación básica, incluyendo aplicaciones como Telegram.
Vladimir Putin ha defendido la necesidad de reforzar controles tras más de cuatro años de conflicto desde la invasión a Ucrania en 2022. Ambos países participan en una guerra de drones sin precedentes, en la que aparatos de largo alcance han impactado mandos y infraestructuras críticas, sobre todo en el sector energético. En este marco, Ucrania ha logrado alcanzar objetivos en territorio ruso —como zonas industriales en Kirishi— mientras que las autoridades de Moscú reportan la interceptación de centenares de drones en una sola noche.
La alarma en el entorno presidencial se intensificó cuando ataques ucranianos se acercaron a instalaciones sensibles, entre ellas el propio Kremlin y residencias vinculadas al mandatario. Paralelamente, Rusia dispone de capacidad técnica para desconectarse de la red global mediante el desarrollo del denominado Runet, sistema probado durante años con el argumento de protegerse de interferencias externas.
Lo que inicialmente se presentó como una medida preventiva adquiere en 2026 una función clara de control interno. La implementación progresiva del modelo permite regular el acceso a la información, condicionar la formación de la opinión pública y facilitar mecanismos de vigilancia. En consecuencia, la hiperconectividad se transforma en una fuente constante de datos, especialmente valiosa para regímenes interesados en el control social.
Las restricciones se centran en grandes ciudades como San Petersburgo, donde se registran cortes prolongados en determinadas áreas. No se trata de un apagón total, sino de un esquema selectivo que habilita solo plataformas incluidas en listas aprobadas por el gobierno. Esa lógica repercute en la vida diaria: comercios y ciudadanos enfrentan problemas para realizar transacciones, muchas de las cuales pasan a depender del efectivo, y funciones básicas como el uso de GPS se vuelven inciertas.
En la práctica, esto constituye un control estatal sobre las telecomunicaciones. El Servicio Federal de Seguridad puede ordenar interrupciones del servicio, amparado por un marco legal que obliga a los operadores a cumplir sin requerir justificaciones detalladas. Ante ello, los ciudadanos recurren a alternativas informales, como redes wifi públicas en cafeterías, y sobre todo al uso de VPN, aunque estas herramientas son bloqueadas con mayor rapidez.
Este esquema no es totalmente nuevo, pero su consolidación actual refleja una tendencia más amplia hacia un modelo digital cerrado y centralizado. Se busca institucionalizar una “internet soberana”, en sintonía con el camino seguido por China, cuyo sistema de control del ciberespacio sirve de referencia para otros gobiernos.
Gabriel Zurdo es especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y negocios.
