El Parlamento de Israel aprobó una reforma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para quienes cometan asesinatos calificados como terrorismo, con aplicación principal en los tribunales militares que juzgan a palestinos en Cisjordania.
La iniciativa fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra, tras más de diez horas de debate, y estipula que la ejecución deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 90 días desde la sentencia.
La norma convierte la pena capital en la sanción por defecto para las personas palestinas sometidas a la jurisdicción militar israelí en el territorio ocupado; solo en “circunstancias especiales”, sin detallar, podría sustituirse por prisión perpetua.
En contraste, para los ciudadanos israelíes juzgados en tribunales civiles los jueces conservan mayor margen de discrecionalidad para imponer cadena perpetua en lugar de la ejecución.
La reforma fue impulsada por el partido ultranacionalista Otzma Yehudit, liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, y contó con el respaldo de gran parte de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien asistió a la votación y votó a favor.
El texto también regula el procedimiento de ejecución: el Servicio Penitenciario debe ejecutar el ahorcamiento dentro del plazo previsto, con régimen estricto de aislamiento del condenado, acceso familiar limitado y supervisión por funcionarios específicos. Además, la sentencia podrá adoptarse por mayoría simple del tribunal, sin exigir unanimidad.
Durante el debate, la oposición criticó la medida. El diputado Matti Sarfatti (Yesh Atid) la definió como “populista, inmoral y no igualitaria”, y legisladores árabes y otros sectores remarcaron que en la práctica afectará principalmente a palestinos y no a colonos o ciudadanos judío‐israelíes implicados en hechos similares.
Uno de los principales puntos de controversia fue el alcance territorial y jurisdiccional de la reforma: al aplicarse sobre todo en tribunales militares en Cisjordania, especialistas legales israelíes y organismos internacionales han señalado su sensibilidad desde la perspectiva del derecho internacional.
La sesión se prolongó casi doce horas y estuvo marcada por intervenciones emotivas de familiares de víctimas y por los discursos de quienes promovieron la norma, presentándola como una medida disuasoria.
La diputada Limor Son Har‐Melej, una de las impulsoras, afirmó que se trata de “un momento de justicia histórica” para quienes perdieron familiares en atentados.
La aprobación coincidió además con un momento de consolidación interna de la coalición de Netanyahu tras el aval a los presupuestos de 2026, lo que facilitó el avance de una de las prioridades del bloque de Ben Gvir.
La reforma supone una ruptura con la práctica histórica de Israel: hasta ahora la pena de muerte estaba reservada a casos excepcionales, como genocidio o crímenes de guerra, y solo se había aplicado una vez en la historia del país —la ejecución de Adolf Eichmann en 1962.
Con esta votación, la Knéset reinstala la pena capital para delitos de terrorismo bajo un esquema de aplicación rápida, ahorcamiento obligatorio y foco en la jurisdicción militar, una decisión que modifica el marco penal israelí en el contexto de la guerra y abre un nuevo capítulo de disputa política y judicial dentro y fuera del país.
(Con información de EFE y Europa Press)
