Este miércoles comienza el juicio oral y público contra José Eduardo Figueroa, acusado de matar a su esposa, Mercedes Jiménez Kvedaras, dentro del barrio cerrado El Tipal, en Salta, el 4 de agosto de 2023. La apertura del proceso en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial suscita gran expectativa social y contempla un despliegue técnico relevante.
Los hechos se desencadenaron aquella mañana cuando Figueroa, de 47 años y abogado, envió por WhatsApp a un amigo cercano el mensaje “No puedo con esto”. El amigo, al conocer la reciente separación de la pareja, fue hasta la vivienda; ante la falta de respuesta alertó al 911. La Policía realizó un operativo en el country y localizó el Volkswagen familiar en un terreno baldío contiguo a una propiedad de la familia del imputado.
Al inspeccionar el vehículo los agentes encontraron a Mercedes Jiménez Kvedaras, de 37 años, fallecida en el asiento trasero, y a Figueroa en estado crítico con lesiones de arma blanca en el cuello y las muñecas. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) descartó la hipótesis de un accidente doméstico y determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica mixta, por estrangulamiento manual y sofocación. Los peritos registraron unas 40 lesiones, entre ellas un golpe facial compatible con un puñetazo, marcas de presión en el cuello, raspaduras en las rodillas y una herida punzante superficial en la zona lumbar. El informe forense concluyó que el ataque se inició en la vivienda y que el imputado trasladó posteriormente el cuerpo al automóvil con apariencia de ocultación.
El debate oral, que se extenderá hasta el 4 de mayo de 2026, estará a cargo de los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. El cronograma prevé la citación de 80 testigos: familiares, amigos, 10 efectivos policiales, 15 profesionales médicos y 18 peritos de diversas especialidades, desde criminalística hasta genética molecular. También intervendrán especialistas en informática forense que analizarán los dispositivos digitales de la víctima y del imputado. Según informaron medios locales, la salud mental será un eje central del juicio, con la participación de nueve psicólogos y psiquiatras que elaborarán informes sobre el perfil del acusado.
La protección de los hijos menores de la pareja es otro aspecto prioritario del proceso. Sus declaraciones se tomarán por circuito cerrado de televisión para preservar su integridad psicofísica y evitar la revictimización, conforme a lo dispuesto por el tribunal.
La fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, imputa a Figueroa por femicidio y solicita la pena de prisión perpetua. La representante del Ministerio Público sostuvo que la prisión preventiva sigue siendo necesaria para garantizar la presencia del imputado en el juicio, por el riesgo de fuga ante la posibilidad de una condena. La postura de la Fiscalía fue respaldada por el abogado querellante Jorge Ovejero y por la asesora de Incapaces Martha Bustos.
El proceso previo al juicio también registró controversias técnicas. En febrero de 2024 la Sala IV del Tribunal de Juicio prorrogó por un año la prisión preventiva de Figueroa, quien está alojado en la Unidad Carcelaria 1 de Salta desde agosto de 2023. La defensa, a cargo de Juan Casabella Dávalos, pidió arresto domiciliario con monitoreo electrónico y el pago de una caución, además de asumir los gastos de vigilancia policial; esas solicitudes fueron rechazadas por el tribunal, que consideró que solo la privación efectiva de la libertad asegura el normal desarrollo del juicio.
En la audiencia que resolvió la nueva integración del tribunal se registraron objeciones sobre el sorteo que designó a Eduardo Sángari como presidente, planteos que la Fiscalía y la querella formularon pero que finalmente fueron desestimados. Ese debate estuvo además marcado por un cruce verbal entre el defensor y la fiscal, que obligó al tribunal a llamar al orden.
La acusación sostiene que la evidencia científica recabada en agosto de 2023 permitirá esclarecer los hechos y conducir a una sentencia definitiva.
