La relación diplomática entre Argentina e Irán se tensó en las últimas horas: el Gobierno argentino declaró “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.
La medida fue publicada por la Cancillería en un comunicado firmado por el canciller Pablo Quirno y luego difundido por el presidente Javier Milei. El texto identifica al funcionario afectado como Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim, e indica el plazo de 48 horas para su salida del territorio nacional.
La decisión se fundamenta en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que permite a un Estado declarar persona non grata a un representante diplomático sin necesidad de mayores explicaciones formales.
El retiro del representante argentino se adoptó como respuesta directa a un comunicado difundido el día anterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que había cuestionado y criticado la postura de Argentina respecto de la Guardia Revolucionaria.
En ese comunicado, Irán condenó la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas, calificándola de ilegal e injustificada y denunciando un agravio al pueblo iraní.
Teherán también sostuvo que la medida argentina violaba principios del derecho internacional y la describió como un “error estratégico”, además de advertir sobre posibles consecuencias legales internacionales para Argentina.
El comunicado iraní atribuyó además la iniciativa argentina a influencias externas, mencionando al Estado de Israel y a Estados Unidos, y vinculó la decisión con el contexto de confrontación militar en Medio Oriente.
En términos políticos, el texto iraní incluyó críticas directas a las autoridades argentinas, afirmando que el presidente y el canciller se habían colocado “del lado equivocado de la historia”, lo que elevó el tono del conflicto.
Frente a esas expresiones, la Cancillería argentina publicó esta mañana un nuevo comunicado que no solo formaliza la expulsión del encargado de negocios, sino que expone la postura política y jurídica del Gobierno frente a los hechos.
El comunicado argentino indica que la expulsión responde al mensaje iraní del día anterior, el cual contiene, según la Cancillería, acusaciones que considera falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades.
La nota oficial subraya que esas declaraciones constituyen una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país y una tergiversación deliberada de decisiones tomadas conforme al derecho internacional y al marco jurídico nacional.
El texto vincula además este episodio con el largo conflicto judicial entre ambos países, en particular con la negativa reiterada de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA.
La Cancillería señala asimismo el incumplimiento persistente de Irán respecto de órdenes internacionales de detención y solicitudes de extradición relacionadas con presuntos responsables de atentados en los años 90.
El comunicado agrega que resulta especialmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina.
El cierre del documento refuerza la posición del Gobierno: Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que, según la Cancillería, ha incumplido sistemáticamente obligaciones internacionales y obstaculizado el avance de la justicia.
La comunicación concluye reafirmando el compromiso de la República Argentina con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional.
La sucesión de actos muestra una escalada en un corto período: primero la decisión argentina de calificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, apoyada en antecedentes judiciales relacionados con los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994); luego el comunicado iraní con denuncias y advertencias; y finalmente la expulsión del principal representante diplomático iraní en el país.
El contexto internacional aporta una capa adicional de tensión: la crisis ocurre en medio de operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, circunstancia que influye en las posturas diplomáticas y en la que el Gobierno argentino ha mostrado alineamiento con Washington y Jerusalén.
En ese marco, la Guardia Revolucionaria ocupa el centro del conflicto. Mientras Argentina la vincula con el terrorismo internacional, el régimen iraní la presenta como un actor clave en la defensa de su seguridad nacional y en la lucha contra el terrorismo.
Las posiciones de ambos Estados son contrapuestas, y la expulsión del encargado de negocios iraní profundiza el deterioro de las relaciones bilaterales, que se vuelve tanto retórico como diplomático y operativo.
La reacción de Irán y la respuesta argentina evidencian un endurecimiento de posturas que excede lo bilateral y tiene implicancias en el plano geopolítico regional y global.
El intercambio de comunicados en las últimas 48 horas confronta dos narrativas: la argentina, basada en antecedentes judiciales y en la necesidad de combatir el terrorismo; y la iraní, que rechaza las acusaciones, denuncia injerencia externa y utiliza un tono confrontativo.
La expulsión del encargado de negocios sintetiza esta tensión y anticipa un posible agravamiento de la relación entre ambos países, en un contexto de política exterior argentina marcado por una posición clara y sin ambigüedades frente al régimen de Teherán.
