El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este domingo que alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para acoger a nacionales de terceros países deportados por las autoridades estadounidenses. Las expulsiones comenzarán en abril y convertirán a Kinshasa en el último eslabón de una red de pactos que la administración del presidente Donald Trump ha establecido con al menos ocho países africanos para enviar a inmigrantes que no tienen vínculos con los destinos receptores.
El Ministerio de Comunicación congoleño calificó el convenio como un “dispositivo de acogida temporal” y detalló que los migrantes serán alojados en instalaciones concretas en Kinshasa bajo supervisión administrativa, de seguridad y humanitaria. Kinshasa negó que se trate de una “externalización de las políticas migratorias” y aseguró que el erario público no asumirá costes: el apoyo logístico y técnico lo proporcionará Washington a través de agencias especializadas.
La paradoja resulta evidente: según la OIM y Naciones Unidas, los combates entre las fuerzas del Gobierno congoleño y la milicia Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldada por Ruanda, han desplazado internamente a más de 7 millones de personas. Además, el Programa Mundial de Alimentos advirtió en noviembre de 2025 que casi 25 millones de congoleños enfrentaban inseguridad alimentaria severa. En ese contexto, Kinshasa se dispone a recibir a personas expulsadas desde EE. UU. que no mantienen relación con el país.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, las deportaciones a terceros países se convirtieron en un eje central de su política migratoria. La Corte Suprema autorizó estas prácticas en junio de ese año. Un informe del personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado señaló que Washington gastó al menos 40 millones de dólares para deportar a cerca de 300 migrantes fuera de sus países de origen. Documentos internos revisados por AP revelaron 47 acuerdos en distintas fases, de los cuales 15 ya se habían concretado.
La RDC se suma así a Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Camerún. Los incentivos ofrecidos a cada país varían: el acuerdo con Ruanda incluía 7,5 millones de dólares; el de Esuatini, 5,1 millones a cambio de acoger hasta 160 deportados; y el de Guinea Ecuatorial, la suspensión de sanciones contra su vicepresidente. Los términos del pacto con Kinshasa no se hicieron públicos.
En septiembre de 2025, Human Rights Watch denunció que los acuerdos vigentes expusieron a cientos de personas a detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura, calificando los pactos de “opacos” y contrarios al derecho internacional. AP documentó que 29 migrantes —procedentes de Etiopía, Eritrea, Nigeria y otros países— fueron enviados a Guinea Ecuatorial sin acceso a asesoría legal; varios contaban con medidas judiciales que impedían su retorno a sus países de origen.
El acuerdo tiene también una dimensión geopolítica compleja: Ruanda, que mantiene su propio pacto migratorio con Washington, respalda al M23, la milicia que enfrenta al Ejército congoleño. Ambos gobiernos negocian, con mediación estadounidense, un proceso de paz que aún no ha producido un cese del fuego duradero. Kinshasa no aclaró qué ocurrirá con los deportados que no puedan ser devueltos a sus países ni si un Estado con un conflicto armado activo puede garantizar las condiciones humanitarias prometidas.
