Hay momentos en la vida institucional en los que las reformas dejan de ser opcionales y se vuelven necesarias. La revisión del sistema de selección de magistrados del Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina se encuentra hoy en ese punto.
No se trata de cuestionar personas ni trayectorias, ni de desconocer lo logrado. Se trata de responder a una sociedad que eleva sus exigencias y de actualizar el sistema judicial, como pilar de la República, a esos nuevos estándares.
Así como se han adaptado normas en otros ámbitos del derecho ante cambios sociales y nuevas formas de conflicto, el proceso de selección de jueces no puede quedar al margen de esa evolución. El acceso a la magistratura es el punto de partida del funcionamiento del sistema de justicia.
La sociedad reclama con claridad que lleguen a la magistratura los mejores.
Eso significa no solo contar con formación formal, sino con trayectoria, experiencia, solvencia técnica y una idoneidad demostrable mediante criterios objetivos. Esta exigencia es estructural y requiere respuestas estructurales.
Durante años, el sistema de concursos buscó equilibrar evaluaciones técnicas con instancias de apreciación más abiertas. Esa combinación tenía fundamentos comprensibles, pero la práctica muestra que la falta de parámetros estandarizados en algunas etapas puede alterar resultados basados en criterios objetivos.
Ahí radica el desafío actual.
La reforma del reglamento no pretende modificar nombres ni responder a casos particulares; su propósito es fortalecer un principio esencial: que el acceso a la magistratura se determine, prioritariamente, por la idoneidad verificable.
En ese sentido, es razonable y necesario revisar la ponderación de cada etapa del proceso. Las evaluaciones técnicas deben ocupar un lugar central porque permiten medir con mayor precisión la capacidad de los candidatos; las instancias complementarias, como la entrevista personal, tienen un rol útil pero deben estar limitadas y reguladas.
No se trata de suprimirlas, sino de ordenarlas.
Cuando una etapa no estandarizada adquiere un peso decisivo, el sistema queda expuesto a cuestionamientos que, aun sin aludir a situaciones concretas, afectan la percepción de equidad. En materia de justicia, la percepción de legitimidad es esencial.
La sociedad no exige sistemas perfectos, exige sistemas claros.
Quiere entender por qué una persona accede a un cargo judicial y otra no, y que esa explicación se encuentre en reglas previsibles aplicadas con consistencia.
Esa es la finalidad principal de la reforma.
No es solo un debate técnico; es una decisión institucional de mayor alcance: consolidar un procedimiento en el que los mejores accedan a la magistratura mediante criterios transparentes, objetivos y verificables.
La oportunidad que se presenta hoy es importante: no para revisar el pasado, sino para proyectar el futuro.
Un futuro en el que la selección de jueces esté alineada con las demandas de una sociedad que ha cambiado, que exige más y que entiende que la calidad de la justicia comienza antes de las sentencias.
Empieza en la forma en que se elige a quienes las dictarán.
Y en ese punto, postergar el cambio no es una alternativa.
Es una responsabilidad institucional ineludible.
