Buenos Aires, 10 de abril — El PAMI atraviesa una situación crítica en varias regiones del país: jubilados deben comenzar a pagar consultas, hay demoras prolongadas en la realización de estudios y la atención se restringe por problemas financieros que afectan a la mayor obra social pública, con más de 5,4 millones de afiliados.
En municipios de la provincia de Buenos Aires como Olavarría, Azul y Bolívar, afiliados informan que tuvieron que costear consultas con médicos de cabecera. En la provincia de Córdoba, pacientes de Marcos Juárez deben trasladarse a Villa María tras el cierre del Sanatorio Sudeste, en un contexto de alta tensión y menor disponibilidad de atención.
Desde fines del año pasado, el organismo dejó de pagar de forma regular a clínicas, sanatorios y hospitales privados, lo que generó cupos limitados para estudios diagnósticos y turnos con demoras de hasta cuatro meses. Ante la falta de pagos, algunos profesionales decidieron atender a afiliados como pacientes particulares hasta que se regularice la situación.
El circuito para acceder a prestaciones se volvió más complejo: tras recibir una orden médica, los afiliados deben gestionar turnos que muchas veces no se concretan por falta de cupo. “El afiliado tiene que volver al PAMI para conseguir una autorización especial”, explicó Susana Núñez, secretaria de Finanzas de la seccional 6 del gremio UTI. En la práctica, solo los casos oncológicos o prequirúrgicos reciben prioridad, mientras que el resto queda en lista de espera.
Deuda, recortes y tensión con prestadores
La deuda con prestadores privados se estima en alrededor de $500 millones, en un marco de desfinanciamiento atribuido a la suspensión de transferencias desde el Tesoro Nacional. Además, clínicas y sanatorios reclaman que los aranceles permanecen congelados desde hace tres años, pese al aumento sostenido de los costos.
El conflicto afecta también la provisión de insumos y servicios. Desde ATE denunciaron faltantes de elementos básicos para fisiatría y la aparición de cobros indebidos —“plus” y aranceles diferenciados— en distintas prestaciones.
Las negociaciones entre el titular del organismo, Esteban Leguízamo, y las cámaras del sector privado no registraron avances significativos. El desenlace dependerá, en buena medida, de la reunión prevista entre los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud).
Estimaciones del sector privado indican que el área económica le adeudaría al organismo alrededor de $1,40 billones, una cifra que complica su funcionamiento frente a un presupuesto proyectado de $10,17 billones para 2026.
Denuncias, auditorías y recortes de personal
En paralelo, el PAMI atraviesa auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades. La ex funcionaria Viviana Aguirre señaló supuestos sobreprecios en distintas áreas, y el Gobierno nacional designó a María Florencia Zicavo como nueva síndico del Instituto.
El ajuste alcanzó también la estructura operativa: desde enero se registraron aproximadamente 230 despidos en dependencias del organismo, sumados a cerca de 1.400 cesantías en el ámbito del Ministerio de Salud. La conducción del PAMI sostiene que se trata de una reorganización para optimizar recursos, mientras que los sindicatos advierten que estos recortes ponen en riesgo la capacidad de atención.
En este contexto, la crisis del PAMI impacta con fuerza en uno de los sectores más vulnerables de la población, dejando a muchos afiliados con dificultades para acceder a prestaciones básicas en tiempo y forma.
