Péter Magyar, economista de 45 años y exfuncionario público, fue elegido primer ministro de Hungría tras las elecciones parlamentarias del domingo, poniendo fin a dieciséis años de gobierno de Viktor Orbán. Su partido, Tisza, logró mayoría absoluta en el Parlamento; Magyar atribuyó el triunfo al cansancio social por la corrupción y el deterioro económico que atraviesa el país y calificó la victoria como “el comienzo de una nueva era”.
En su primer mensaje como jefe de gobierno electo dijo que el país había sido expoliado y endeudado y lo describió como “entre los más pobres y corruptos de la UE”. Atribuyó el resultado a una demanda popular de ruptura con el modelo anterior y anunció una “transición corta y rápida” para desmantelar el régimen asociado a Orbán, señalando que los húngaros votaron por un cambio de régimen, no solo de gobierno.
Como medida inicial, pidió al presidente Tamás Sulyok la pronta convocatoria del Parlamento y señaló como prioridades reformas anticorrupción y la reanudación de las negociaciones para desbloquear fondos europeos retenidos. Planteó la intención de reconstruir un Estado de derecho democrático que respete a las personas mayores, proteja a los menores y defienda la propiedad privada, y acusó al gobierno saliente de fomentar una “propaganda de odio” que ha dañado la cohesión social.
En política exterior anunció un giro: restablecer relaciones constructivas con la Unión Europea y con Ucrania, trabajar para recuperar los fondos bloqueados por Bruselas y reincorporar a Hungría a la Corte Penal Internacional, de la que el país se había retirado. También afirmó que el gabinete no aceptará “ninguna forma de antisemitismo” y mostró disposición a mantener una cooperación pragmática con Rusia y China.
Sobre la relación con Kiev, aseguró que su gobierno no bloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa, pero reiteró su oposición a que Hungría participe en envíos de ayuda militar comunitaria o a una adhesión acelerada de Ucrania al bloque, argumentando que un país en guerra no cumple las condiciones para ser admitido.
En justicia, propuso la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea y la creación de una oficina para investigar posibles desvíos de fondos europeos durante los mandatos de Orbán. Denunció que allegados del primer ministro saliente, incluido el ministro de Exteriores Péter Szijjártó, habrían estado destruyendo documentos relacionados con Rusia.
En el ámbito interno planteó limitar el mandato de primer ministro a dos periodos, con efecto retroactivo respecto a los mandatos de Orbán. Confirmó la continuidad de la política antiinmigración y la permanencia de las vallas en la frontera sur, y adelantó que buscará un acuerdo con la UE para evitar la multa diaria de un millón de euros por incumplimiento de las normas de asilo.
Respecto a derechos civiles, adoptó un tono más moderado hacia la comunidad LGBTI, afirmando que las personas deben poder vivir y amar libremente mientras no perjudique a otros. Prometió un gabinete compuesto por expertos y garantizar el acceso regular de los medios a los ministros, señalando la recuperación de la libertad de prensa como una prioridad.
Magyar describió la situación de Hungría como una crisis económica y política y sostuvo que el mandato recibido exige acabar con la corrupción y reformar las instituciones. Según el líder de Tisza, la victoria refleja una demanda social de mayor integridad, servicios públicos eficientes y una mayor alineación con los valores europeos.
