La Fundación Más Vida —la misma organización que denunció oportunamente a la jueza Pérez Ballester por el caso Lucio Dupuy— presentó una denuncia penal contra las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín. Según la fundación, ambas serían responsables de haber enviado al menor Ángel López, de 4 años, a vivir con su madre y la pareja de ésta antes de que el niño falleciera.
La presentación judicial acusa a las profesionales de violación de los deberes de funcionario público y de falso testimonio (arts. 248 y 275 del Código Penal), indicando que actuaron como peritas designadas en la causa de familia en la que la progenitora reclamaba la tenencia del menor y que, además, habrían aportado un informe en el que se negó falsamente la situación denunciada por el padre, Luis López, respecto de violencia.
Aunque los principales imputados por la muerte de Ángel son su madre, Mariela Altamirano, y la pareja de ésta —quienes, según la acusación, cuentan con antecedentes de maltrato y se encuentran detenidos a la espera del juicio—, la fundación atribuye responsabilidad a las psicólogas forenses porque su informe fue determinante para que el juez ordenara la revinculación del niño con su madre, pese a las advertencias formuladas por el padre y la oposición manifiesta del propio menor.
El padre de Ángel afirmó que la psicóloga Leiva se burló de él y de su pareja, que criaron al niño desde que era bebé, y que las peritas desestimaron y no tomaron en cuenta los videos que, según esa denuncia, mostraban indicios de maltrato en la vivienda de Mariela Altamirano.
El Dr. Raúl Magnasco, presidente de la Fundación Más Vida, declaró que el eje de la denuncia es un informe que, en opinión de la entidad, fue falso y se utilizó para forzar la revinculación, desoyendo las advertencias del padre por razones que la fundación considera más ideológicas que técnicas. Añadió que las peritas no habrían escuchado a la víctima ni realizado un estudio ambiental del domicilio de Altamirano, lo que, según la fundación, habría demostrado que la vivienda no estaba en condiciones para la crianza de un niño y podría haber evitado el desenlace.
La denuncia fue recepcionada ayer por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y posteriormente remitida a la Unidad Fiscal de esa ciudad.
