La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó allanamientos en Rosario en los últimos días para seguir la ruta financiera de una organización que, según la investigación, habría importado 750 kilos de cocaína a fines de 2025. Estas medidas se desarrollaron en el marco de una causa por lavado de activos iniciada tras la detención de trece presuntos integrantes de la banda en noviembre de ese año.
Por orden de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se llevaron a cabo procedimientos en las oficinas del Grupo Roma en Puerto Norte y en la sede del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara) en el centro de la ciudad. El operativo, centrado en las maniobras financieras derivadas del tráfico mayorista de drogas, incluyó la presentación e incautación de documentación para esclarecer el circuito económico que habría servido para legitimar activos procedentes del narcotráfico, según Rosario3.
El principal imputado en la causa FRO 11201/2026 es Ariel Fernando Suppa, señalado como organizador y financista de la red. En una primera diligencia los investigadores se presentaron en la inmobiliaria JR Negocios Inmobiliarios, en Córdoba al 1400, aunque la empresa no operaba en esa dirección desde hacía al menos cinco años.
Posteriormente, los agentes se trasladaron al Grupo Roma, en avenida Carballo 186, donde secuestraron documentación relacionada con la investigación. El operativo también incluyó la sede del sindicato Urgara en San Lorenzo 2067, desde donde el secretario adjunto, Andrés Enz, entregó dos boletos de compraventa inmobiliaria.
El titular de Grupo Roma, Pablo Cofano, emitió un comunicado para desvincular a la empresa de irregularidades y señaló que, por disposición del fiscal federal Juan Argibay Molina, se ordenó una medida de presentación (no un allanamiento) para requerir documentación vinculada a la venta de tres lotes.
En ese comunicado Cofano afirmó que la desarrolladora cumplió con sus obligaciones y entregó toda la información solicitada a los fiscales Andrés Carro Rey y Juan A. Argibay Molina. Agregó que se pidió información sobre la supuesta venta de tres lotes adicionales que nunca se concretó y que solo existió una reserva entre el imputado y una inmobiliaria externa que ofrecía lotes que no eran propiedad de la desarrolladora.
El seguimiento de la causa
La investigación se inició en diciembre de 2024 a raíz de una denuncia por microtráfico en un búnker ubicado en Braille al 1400, en el norte de Rosario. Las tareas incluyeron vigilancia y escuchas telefónicas durante once meses, lo que permitió identificar a Suppa como responsable de organizar y financiar los viajes logísticos hacia Bermejo, en Bolivia, señalado como el principal punto de suministro de la organización.
Según los fiscales federales Franco Benetti, Santiago Alberdi y Matías Scilabra, en los últimos dos meses y medio de 2025 la red introdujo 750 kilos de cocaína por vía terrestre desde Bolivia, lo que permitió dimensionar el volumen del tráfico. Los vehículos utilizados registraron infracciones en rutas del norte argentino, incluyendo Aguas Blancas y zonas próximas a la capital de Salta, y los rastreos detectaron impactos de antenas de celulares en las localidades por donde circulaban.
El modus operandi solía repetirse: viajes de uno o dos días utilizando el transporte ocasional de electrodomésticos como fachada comercial. En el domicilio de Gastón Alejandro Gómez, en Vieytes al 2700, la PSA halló el 27 de noviembre 52 kilos de cocaína. Entre el 12 de noviembre y los allanamientos se habrían distribuido 500 panes de droga en la región, según la documentación judicial citada por el medio.
Como operadores principales, además de Ariel Suppa y su hermano Hugo Sebastián Suppa, la causa menciona a Marcos José Moreira, Luca Carmelo Fabián Lucente y Juan José Alfonso, quienes se encargaban de los viajes a Bolivia, el abastecimiento y la gestión del acopio y la comercialización a gran escala. Gastón Gómez y José Fabián Ruiz habrían actuado como subdistribuidores: Ruiz coordinaba el búnker de Braille al 1400 y el flujo de distribución en Rosario, mientras que Gómez supervisaba el almacenamiento.
Ante esos indicios, el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz ordenó la prisión preventiva de los trece imputados tras la audiencia de formulación de cargos en diciembre de 2025. La investigación actual se concentra en trazar el circuito del dinero y seguir la pista de inversiones inmobiliarias que, según la hipótesis fiscal, podrían haberse financiado con ganancias ilícitas del narcotráfico.
