Tras una serie de pintadas amenazantes en baños de escuelas de Almirante Brown y Lanús, se realizaron allanamientos y se activaron protocolos; la alarma llegó también a la Universidad Nacional de Lanús, donde estudiantes dudan en asistir por mensajes de odio.
Por: Sebastián «Tecla» Farias
La zona sur del Conurbano vive momentos de alta tensión por una sucesión de amenazas de ataques armados dirigidas a establecimientos educativos. Lo que comenzó como una ola de publicaciones en redes sociales escaló hasta la intervención judicial y operativos en San Francisco Solano, generando inquietud entre las familias y la comunidad educativa.
El caso UNLa: «Mañana no vengan»
La preocupación alcanzó con fuerza al ámbito universitario. En la UNLa se encontraron inscripciones en sanitarios con mensajes como «tiroteo contra kukas» y advertencias sobre supuestos ataques masivos previstos para el viernes, lo que elevó el nivel de alarma.
Una madre de la comunidad contó que su hija encontró en dos baños mensajes que alertaban sobre un tiroteo masivo; la universidad presentó la denuncia correspondiente. Ante la falta de certezas, la asistencia quedó a criterio de cada estudiante, lo que provocó una marcada reducción de la concurrencia.
Allanamientos y operativos policiales
En Almirante Brown, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por orden de la UFI N° 5 del Joven de Lomas de Zamora, realizó un allanamiento en una vivienda de San Francisco Solano. El domicilio pertenecía a un alumno de la Escuela N° 58, señalado por haber escrito una amenaza con nombre y apellido en los azulejos del baño. No se encontraron armas, pero el procedimiento puso de relieve la rapidez de la respuesta judicial.
Asimismo, el Colegio del Sur de Longchamps activó protocolos tras hallar pintadas en el baño de mujeres de la secundaria básica, reforzando medidas de cuidado y el diálogo con las familias.
No es una broma: Las graves consecuencias legales
Aunque algunos lo perciban como una broma o un reto viral, la ley argentina sanciona estas conductas. La figura de Intimidación Pública (artículo 211 del Código Penal) prevé penas de 2 a 6 años de prisión por actos que infundan temor colectivo.
Además, hay efectos inmediatos sobre las familias: los progenitores pueden ser responsabilizados civilmente por los daños y gastos que generen estos hechos, lo que implica varias consecuencias posibles.
Demandas por los costos: El Estado puede reclamar a las familias el reembolso de los operativos policiales, peritajes y servicios de emergencia movilizados.
Embargos: En casos anteriores relacionados con amenazas, la justicia llegó a embargar salarios de los padres para cubrir los gastos del despliegue de seguridad.
Antecedentes penales: Para jóvenes mayores de 16 años, estas conductas pueden quedar registradas en sus antecedentes, lo que afecta futuras oportunidades laborales o el acceso a empleos públicos y fuerzas de seguridad.
Un debate sobre los límites y la responsabilidad familiar
Aunque muchos incidentes surjan de actos de jóvenes que no miden las consecuencias, el daño es tangible: generan temor, obligan a docentes y directivos a trabajar bajo presión y afectan la convivencia escolar.
Esto plantea preguntas sobre la educación en el hogar y la necesidad de concientizar sobre el respeto hacia los demás. Tradicionalmente, la escuela funcionó como un espacio de contención; la quiebre de esa seguridad impulsa la discusión sobre si deben reforzarse normas y responsabilidades para proteger la integridad de las instituciones educativas.
