El hecho se convirtió en un momento destacado del programa. Desde los altavoces de Gran Hermano se le comunicó a Jessica Elizabeth Maciel —conocida como “La Maciel”— que debía acudir al confesionario porque la iban a notificar judicialmente y había documentos que debía firmar.
Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Martín de la Policía Federal ingresó ayer a los estudios de Telefe en Martínez para entregar esa notificación a Maciel. Afuera, un móvil policial permanecía a media cuadra por precaución.
Según el oficio, los efectivos debían mostrarle a Maciel un escrito presentado por su pareja para que confirmara si ratificaba la designación del abogado defensor Alejandro Cipolla en la causa. Las autoridades del canal facilitaron un lugar apartado donde se realizó el trámite, que según el parte policial se llevó a cabo fuera de cámaras y sin incidentes.
El expediente vinculado a la notificación está en la Fiscalía Federal N°2 de San Martín, a cargo del fiscal Jorge Sica, en trámite como averiguación de ilícito. Las imputaciones que figuran en la causa incluyen, en términos generales, delitos vinculados a prostitución y trata de personas.
Los detalles de la denuncia contra Maciel
La denuncia fue presentada por la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, una organización sin fines de lucro que, según su sitio web, está integrada por familiares, voluntarios y allegados de personas que habrían sido víctimas de trata y explotación.
Según la presidenta de la ONG, Margarita Meira, la presentación incluye testimonios de alrededor de 15 mujeres trans sobre hechos que habrían ocurrido hace unos diez años; varias de las denunciantes habrían sido menores en ese momento.
La denuncia sostiene que Maciel actuaba como proxeneta y que explotaba a mujeres trans en la zona de la Ruta 8, entre José C. Paz y San Miguel. Meira afirma que ya existieron denuncias previas y que algunas de las denunciantes eran adolescentes cuando ocurrieron los hechos.
Los relatos consignan además episodios de violencia física y prácticas de mutilación o modificación corporal realizadas con sustancias peligrosas: según las denunciantes, les aplicaban inyecciones con aceite industrial prometiendo cambios estéticos, sin advertir los riesgos para la salud.
De acuerdo con la presentación, Maciel habría presentado a las menores ante otras mujeres trans y las habría habilitado para trabajar en la ruta, en el tramo comprendido entre los hoteles Messidor y Marilyn. Una víctima relata que trabajó dos meses hasta que Maciel la indujo a aplicarse inyecciones en los glúteos.
Otra testigo contó que, siendo menor, la citó a una casa y la exhibió ante otras personas como “una adquisición”. Los relatos señalan que las intervenciones se realizaban en la propia vivienda de Maciel y que ella cobraba por el procedimiento y por brindar “cuidado” a las jóvenes.
Maciel rechaza las acusaciones y afirma que las denuncias responden a conflictos antiguos. Sostiene que en el pasado ella misma realizó denuncias contra otras personas que derivaron en detenciones y allanamientos, y niega haber explotado o maltratado a nadie.
La actuación de la Policía Federal se produjo, en parte, por la insistencia del abogado Alejandro Cipolla ante la Fiscalía N°2 para ser reconocido como defensor de Maciel y para que la imputada fuera notificada formalmente antes de que avanzaran nuevas tomas de testimonios, con el fin de resguardar su derecho a la defensa.
