El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos.El pedido fue presentado ante el juez federal Sebastián Argibay, aunque debido a su licencia, el expediente quedó momentáneamente a cargo de un magistrado de turno en Tucumán.Además de las detenciones, el fiscal requirió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, lo que incluiría propiedades, vehículos y empresas vinculadas a la causa.
Según la acusación, existiría una estructura organizada con alcance nacional e internacional y recursos económicos significativos, lo que ñ, según el fiscal, justificaría medidas preventivas ante el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Cómo habría funcionado la maniobraLa investigación apunta a un presunto desvío de fondos de la AFA mediante transferencias hacia sociedades vinculadas a Toviggino. En ese esquema, Tapia habría tenido un rol clave al avalar dichas operaciones desde su cargo.
Entre las firmas mencionadas aparece Real Central SRL, señalada por la adquisición de una propiedad de alto valor en Pilar, junto a otras sociedades que habrían participado en circuitos de facturación. También figura TourProdEnter, relacionada con el empresario Javier Faroni, que habría emitido comprobantes a favor de empresas vinculadas al tesorero.
El expediente incluye además sospechas de defraudación, evasión fiscal, uso de facturación apócrifa y maniobras en el mercado cambiario.
De acuerdo con el planteo fiscal, el esquema habría tenido varias etapas: primero, el ingreso del dinero al sistema financiero mediante sociedades; luego, su dispersión a través de facturación cruzada para dificultar su trazabilidad; y finalmente, su utilización en inversiones, compra de bienes y operaciones financieras para ocultar su origen.
Avance de la causa, la investigación se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y posibles vínculos con actividades políticas y empresariales.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver la competencia en otro expediente relacionado con bienes atribuidos a Toviggino, una decisión que podría impactar en el desarrollo del proceso.
