La detención de una persona que figuraba entre las más buscadas por el Ministerio Público dio inicio a una serie de operativos recientes contra delitos patrimoniales y casos de presunta corrupción en Panamá, en investigaciones que afectan tanto al sector privado como a entidades públicas.
La aprehendida es una mujer panameña vinculada a hurto agravado, incluida en la lista de las 10 personas más buscadas del país; su captura se realizó en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
Según las autoridades, la mujer era requerida por hechos ocurridos entre 2022 y 2023 que perjudicaron a empresas constructoras en el corregimiento de Bella Vista.
La Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico, determinó que la sospechosa, en su función de asistente contable, implementó un esquema para desviar fondos mediante la emisión irregular de cheques.
El procedimiento consistía en girar cheques a nombre de colaboradores de las empresas, quienes luego los cobraban en entidades bancarias y entregaban el dinero en efectivo a la imputada.
Este método permitió la sustracción sistemática de recursos aprovechando la confianza interna en las compañías afectadas, lo que agrava la naturaleza del delito investigado.
La captura tuvo lugar en la mañana durante diligencias conjuntas entre la Fiscalía Metropolitana y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, tras permanecer vigente una orden de aprehensión en su contra.
El Ministerio Público informó además que la detenida enfrenta otros requerimientos judiciales, lo que amplía el alcance de las indagaciones en curso.
Peculado
De manera paralela, se llevaron a cabo operativos relacionados con delitos contra la administración pública, entre ellos la detención de una comerciante de origen asiático en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La mujer es investigada por su presunta participación en un caso de peculado agravado contra el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), con una afectación estimada en $145,266.80.
La investigación señala la malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas del programa PASE-U, que habrían sido endosados a nombre de comerciantes para su cobro.
Las autoridades indicaron que los recursos provenían de programas de becas y asistencia educativa, lo que aumenta la gravedad del presunto delito al afectar fondos destinados a estudiantes. En este expediente figuran ya tres personas imputadas, entre ellas un exdirector regional del IFARHU en Panamá Este.
Las acciones contra el peculado incluyeron operativos simultáneos en la provincia de Colón y en varios corregimientos del distrito de Panamá, en el marco de las operaciones “Mecánica” y “Célérité”, dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción.
Durante estas diligencias se practicaron allanamientos en viviendas y en una empresa vinculada a contratistas del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), donde se recolectaron indicios relevantes para las investigaciones.
En el curso de los operativos también fue aprehendido un agente de la Policía Nacional, presuntamente vinculado con la sustracción de un vehículo oficial asignado a la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP).
Este hecho, reportado en 2026, forma parte de una línea de investigación destinada a esclarecer responsabilidades dentro de instituciones públicas en el contexto de controles internos más rigurosos.
El Ministerio Público reafirmó que estas acciones integran su estrategia para combatir delitos que afectan el patrimonio económico y los recursos del Estado, subrayando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la persecución penal de los responsables. Las investigaciones continúan con el objetivo de llevar ante los tribunales a todos los involucrados.
