El juez Ricardo Fraga mantuvo en prisión preventiva a Lucas Adrián Gómez, un agente de la Policía de la Ciudad acusado del homicidio de Juan Cruz Leal, ocurrido el 12 de marzo en Ituzaingó. Rechazó los pedidos de excarcelación y de prisión domiciliaria presentados por la defensa y dispuso que permanezca detenido hasta el juicio.
El expediente de 109 páginas señala la existencia de “indicios vehementes y elementos de convicción suficientes” para imputar a Gómez por homicidio agravado —por ser miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de un arma de fuego— en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa.
Marcelo Biondi, abogado de la familia Leal, valoró la resolución y afirmó que era lo que correspondía legalmente. Según Biondi, Gómez dio una versión falsa sobre un supuesto robo, lo que podría entorpecer la investigación, y peritajes psicológicos lo describen como “violento y neurótico”.
El caso
La madrugada del 12 de marzo, Gómez —perteneciente a la División Servicio Especial Autopista— circulaba en una motocicleta Honda XR con su pareja cuando disparó contra dos jóvenes que se dirigían a jugar un partido de fútbol. Las víctimas, Daniel Enrique Kuhne y Juan Cruz Leal, tenían 20 años y eran de Ituzaingó.
Leal recibió un disparo en la ingle y murió horas después en el Hospital Bicentenario. Kuhne resultó herido en la zona axilar, fue trasladado al Hospital Posadas y sobrevivió.
Gómez afirmó que reaccionó ante un intento de robo, pero en la escena se hallaron elementos —un bolso con botines y otros artículos deportivos— que respaldarían la versión de los jóvenes, y un testigo declaró que los esperaban para jugar al fútbol.
La Policía Bonaerense secuestró el arma reglamentaria Thunder Pro 9 mm de Gómez y dos vainas servidas. No se encontraron pruebas que vinculen a las víctimas con un intento de robo.
Próximos pasos
La investigación está a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI 2 de Ituzaingó. Gómez continuará detenido bajo prisión preventiva, imputado por homicidio agravado y tentativa de homicidio. El caso reaviva el debate sobre el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad y el control judicial de sus actuaciones.
