Un grupo de familias de personas con discapacidad presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y los funcionarios Alejandro Vilches y Diego Spagnuolo. La causa, caratulada CFP 1624/2026, los imputa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona.
La denuncia, radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 5, sostiene que el Gobierno Nacional implementa una política sistemática de desamparo. Bajo el patrocinio del Dr. Javier Garin, las familias sostienen que existe una intención de perjudicar al colectivo de personas con discapacidad mediante recortes de recursos esenciales.
Los denunciantes afirman que la atención continua que requiere este sector está siendo vulnerada: la falta de asistencia, rehabilitación y tratamientos farmacológicos pone en riesgo la vida de los pacientes. En el texto se califica la situación como un «genocidio por goteo» y se señala que ya se habrían producido daños irreversibles y muertes.
#SOCIEDAD Denuncia penal contra Milei por supuesto «abandono de persona» y «genocidio por goteo» hacia el colectivo de personas con discapacidad. https://t.co/KU4H3ZqPLF pic.twitter.com/gsI93x3oia
— DataConurbano / NET (@DataConurbano) 20 de abril de 2026
Puntos principales de la denuncia
Para acreditar la supuesta sistematicidad de esta política de desamparo, la presentación judicial detalla medidas adoptadas desde la asunción de la actual gestión que, según los denunciantes, perjudican al colectivo:
Suspensión de pensiones: Recortes y bajas discrecionales de beneficios previsionales.
Desfinanciamiento del Plan Incluir Salud: Retrasos en las transferencias que comprometen la cobertura médica.
Crisis en instituciones: Falta de pago a cottolengos y centros de día, que los deja en riesgo de cierre.
Incumplimiento legal: Alegada violación de la Ley de Emergencia, la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Violencia institucional: Denuncias de agresiones verbales reiteradas y de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Convocatoria para sumar firmas
Los familiares denunciantes convocaron públicamente a personas con discapacidad y a sus allegados que se sientan afectados por estas políticas a sumarse a la causa penal.
«El cuidado de las personas con discapacidad no puede ser una variable de ajuste económico; sin prestaciones se pone en riesgo la vida», concluye el documento que ahora deberá ser investigado por la justicia federal.
