Falsas ofertas de empleo y la falta de respuestas oficiales llevaron a por lo menos diez salvadoreños a integrarse, a través de una red internacional, al conflicto entre Rusia y Ucrania. Dos familias, con nombres cambiados, cuentan a Infobae cómo se truncó el destino de sus seres queridos.
La vida de Marta Hernández dio un giro cuando su esposo, Luis Gómez, le dijo que viajaría a Rusia tras recibir una propuesta laboral en el área de “seguridad” con un salario muy superior al que podía conseguir localmente.
“Me dijo que era la oportunidad para saldar deudas y asegurar el futuro de nuestros hijos”, recuerda Marta. La oferta llegó en diciembre de 2024, en un momento de tensión económica para la familia; el empleo de Luis como repartidor apenas alcanzaba para lo básico.
La gestión del viaje la realizó una mujer rusa identificada como “Polina”, quien se encargó de los pasajes y la logística. Marta afirma que Polina contactó a varios hombres, entre ellos Luis y dos primos suyos.
Polina les aseguró que viajarían como turistas y que todo estaría en regla. Sin embargo, en el primer intento se detuvieron en Panamá porque no tenían boleto de regreso; las autoridades migratorias los devolvieron a El Salvador.
Ante la presión económica y las insistencias de Polina, el grupo volvió a intentar el viaje en agosto de 2025, esta vez con documentación completa y escalas en Turquía y Moscú. Al llegar, las circunstancias cambiaron.
“A los pocos días, mi esposo me dijo que no era lo prometido. Les quitaron los pasaportes, los teléfonos y les sometieron a un entrenamiento extenuante”, relata Marta. La comunicación se volvió esporádica y limitada a Telegram, ya que les exigieron desinstalar WhatsApp.
Luis advirtió que la capacitación tenía un componente militar. Según los testimonios recopilados por Infobae, Polina y otros coordinadores amenazaban a quienes intentaban irse: “Si no continúan, los enviamos presos”, fue el mensaje que transmitió a su esposa.
La angustia aumentó. Marta describe largas jornadas sin noticias y noches de incertidumbre sobre si Luis seguía con vida. “Me decía que lo trataban mal, que los obligaban a marchas forzadas sin comida ni agua”.
El 14 de septiembre de 2025, Luis se despidió por última vez: dijo que lo enviarían al frente y que tenía miedo. Desde entonces la familia quedó en silencio.
En febrero de 2026, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a la familia para informarles que Luis había muerto en combate, presuntamente abatido por un dron mientras realizaba labores militares.
“Nos mostraron una copia de un documento ruso, pero nunca entregaron el cuerpo ni tradujeron el contrato que él firmó allá”, lamenta Marta. No recibieron la indemnización prometida y ni la embajada salvadoreña en Moscú ni las autoridades locales ofrecieron explicaciones claras.
Un contrato, dos destinos: la odisea de Carlos Rivera en Rusia
Otra familia salvadoreña atraviesa una situación similar. Rosa Jiménez envió a su esposo, Carlos Rivera, a Rusia en agosto de 2025, atraída por la posibilidad de un empleo mejor remunerado.
“Un amigo le comentó de un contrato de seis meses con casi cinco mil dólares mensuales. Pensó que así saldríamos adelante”, cuenta Rosa.
La reclutadora en este caso, identificada como Alexandra, gestionó el viaje de Carlos, quien viajó en agosto de 2025 junto a tres compañeros. Al llegar, les dijeron que el contrato era por doce meses, no por seis.
Los primeros días estuvieron en un hotel con promesas de estabilidad, pero tras firmar el contrato comenzó un entrenamiento que Carlos describió como exigente. La comunicación se volvió intermitente; según Rosa, la alimentación era insuficiente, faltaba agua y las jornadas físicas eran largas.
Cuando Alexandra les confiscó los pasaportes y limitó sus comunicaciones, las posibilidades de retorno se redujeron. Carlos logró contactar a un funcionario salvadoreño en Rusia, identificado como “Iván Castro”, para pedir ayuda, pero la respuesta fue la misma que recibió la familia de Luis: dependía de las autoridades rusas.
El último mensaje de Carlos fue el 4 de septiembre de 2025; avisó que lo trasladaban a una base cerca de la línea de conflicto. Ese mismo día, otro salvadoreño confirmó a Rosa que Carlos había sido enviado a la primera línea junto a un colombiano, sin haber completado un mes de entrenamiento.
Semanas después, la familia recibió documentos oficiales que informaban sobre su muerte, aunque nunca vieron el cuerpo ni obtuvieron una confirmación concluyente. “Nos dijeron que murió el mismo día que lo mandaron a la misión, pero la documentación no lo prueba”, dice Rosa.
Las experiencias de Marta y Rosa ilustran cómo la trata y las redes de engaño aprovechan la vulnerabilidad: ofertas atractivas, trámites opacos, contratos incomprensibles y una cadena de abandono institucional.
“Lo único que pedimos es saber la verdad y que esto no le pase a nadie más”, concluye Rosa. La incertidumbre, la impotencia y el dolor caracterizan la situación de estas familias, que exigen respuestas y justicia.
Las familias afectadas por las ofertas laborales fraudulentas en Rusia han recurrido a distintas instituciones en busca de información sobre sus seres queridos y esperan todavía una respuesta.
