Agostina Páez asistió este martes a una audiencia por gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en Ipanema, hechos que motivaron tres denuncias penales por discriminación. Un video viral del incidente fue determinante y derivó en la imposición de una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país. Tras la audiencia, y ante la falta de oposición de la Fiscalía y la querella a su regreso, ahora queda pendiente la firma del juez para que pueda volver a Argentina.
El caso también generó preguntas en redes sociales sobre por qué el Gobierno no pudo tramitar su regreso con anterioridad.
En estas situaciones, y en cualquier caso penal ocurrido en el exterior, el Estado argentino no puede ordenar el traslado de una persona a su país por un principio básico del derecho internacional: la soberanía judicial del Estado donde ocurrieron los hechos.
Como el incidente se investigó en Río de Janeiro, la justicia brasileña tiene competencia exclusiva. Eso implica que la investigación, la detención o retención, el proceso judicial y cualquier limitación para salir del país los deciden los jueces o fiscales brasileños.
En consecuencia, ningún gobierno extranjero puede dictar el retorno forzoso de la persona investigada.
¿Qué sí puede hacer el gobierno argentino?
Mediante el consulado en Río de Janeiro o la embajada en Brasilia, el Estado argentino puede verificar que la detenida cuente con asistencia legal, controlar que se respeten sus derechos, facilitar el contacto con su familia, realizar visitas consulares y ayudar con un abogado o un traductor si es necesario.
La asistencia consular se brindó desde el primer día en que Páez fue notificada del proceso, según la propia afectada. Además, representantes del consulado estuvieron presentes en la audiencia, a la que no pudo ingresar el padre de la acusada.
No obstante, el consulado no podía sacarla del país ni interferir en el trámite judicial; ese tipo de decisión sólo puede concretarse por acuerdo entre las partes en el marco de una audiencia judicial, como ocurrió en esta ocasión.
La audiencia
Para poder regresar, Agostina necesita la firma del juez. Según la abogada Carla Junqueira, la Fiscalía y la querella no se opusieron a su retorno a Santiago del Estero.
Junqueira indicó que el juez debe fijar en el escrito la caución pecuniaria (fianza), un trámite que estimaron cuestión de días.
La imputada deberá pagar una multa y cumplir servicios comunitarios, que podrá realizar incluso en Argentina. Sus defensores calculan que podría regresar en tres días, aunque eso depende de la resolución judicial sobre el monto de la reparación a las víctimas.
Además del ofrecimiento de disculpas de la acusada, la Fiscalía redujo las tres denuncias iniciales a una sola: un delito continuado contra tres víctimas, por el cual deberá reparar a las afectadas.
Ese cargo tiene una pena mínima de dos años, que según explicó Junqueira puede ser sustituida por servicios comunitarios en Argentina y el pago de la reparación a las víctimas.
