El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley que propone derogar las elecciones primarias (PASO), eliminar el financiamiento público de campañas y establecer requisitos más estrictos para el reconocimiento y la continuidad de los partidos políticos.
La iniciativa incorpora además una versión de la llamada “ficha limpia” para impedir que sean candidatos quienes tengan una condena por corrupción confirmada en segunda instancia; esa propuesta había sido rechazada por el Senado hace un año.
Según fuentes legislativas citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto fue presentado a las 18.
Fuentes cercanas al oficialismo y a espacios libertarios señalaron que el texto incluye desde la eliminación de las PASO hasta modificaciones en el financiamiento partidario y nuevas exigencias para el funcionamiento interno de las fuerzas políticas.
Para el oficialismo, las primarias abiertas son “una encuesta nacional” costosa; su supresión representaría, según el ministro del Interior Diego Santilli, un ahorro para el Estado de aproximadamente 200 millones de dólares. Sin embargo, varios gobernadores, y en particular los de la oposición, se oponen a eliminar esa instancia para dirimir candidaturas.
Otro eje de la reforma es endurecer las condiciones para la existencia de partidos, lo que en la Casa Rosada describen como “limitar los sellos de goma”. El objetivo declarado es reducir la proliferación de agrupaciones sin representación real, exigiendo más afiliados y mejor desempeño electoral para conservar la personería jurídica, lo que afectaría sobre todo a fuerzas minoritarias.
Entre los cambios propuestos figura la sustitución de la afiliación en papel por un mecanismo de avales biométricos para evitar falsificaciones. Cada partido debería reunir afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral, con un tope establecido para casos de electores superiores a dos millones.
Para obtener reconocimiento como fuerza con alcance nacional, un partido tendría que demostrar presencia en al menos diez provincias (antes eran cinco). Se perdería la personería si no alcanza el 3% del padrón en al menos una de dos contiendas electorales consecutivas, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El paquete normativo también altera el financiamiento de la política, reduciendo la participación del Estado y estableciendo nuevas reglas para los aportes privados. La “Ficha Limpia” incluida en el proyecto inhabilita para competir a quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia; la inhabilitación alcanzaría también a miembros del Poder Ejecutivo.
En paralelo, el oficialismo propone suspender por ahora la elección directa de representantes al Parlasur, dejando que la Cámara de Diputados designe a los integrantes en función de su composición parlamentaria.
Además, se plantea eliminar la obligatoriedad de los debates presidenciales, que pasarían a ser optativos para los candidatos, lo que modificaría una herramienta relevante de exposición pública durante las campañas.
El Gobierno busca que la reforma se debata en las próximas semanas en el Congreso, pero el trámite se presenta complejo por la negociación con gobernadores y bloques opositores; desde distintos sectores aliados ya surgieron cuestionamientos.
