Las ejecuciones de presos políticos y manifestantes en cárceles de Irán se han intensificado en las últimas semanas bajo el argumento de la guerra, informó el diario británico The Guardian. Según reportes, al menos 16 hombres han sido ahorcados en el último mes por órdenes del régimen, entre ellos activistas y opositores señalados por desafiar al gobierno.
Cartas y videos grabados en secreto por algunos condenados y obtenidos por el medio británico ofrecen testimonios sobre sus últimos días y muestran el clima de miedo dentro de los centros de detención.
Las víctimas incluyen activistas, opositores y personas acusadas de pertenecer a grupos disidentes. Familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado el incremento de la represión y la falta de garantías legales en estos procesos.
En la prisión de Rajai Shahr, en la ciudad de Karaj, estuvo detenido Babak Alipour, un abogado de 34 años y aficionado al montañismo, que pasó tres años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado.
En escritos enviados a amigos, Alipour describió la situación de otros reclusos, entre ellos Behrouz Ehsani, de 69 años, y Mehdi Hassani, de 48, también condenados a muerte y acusados por el régimen de pertenecer al grupo opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI o MeK).
Aunque enfrentaba una amenaza permanente, Alipour aseguró en sus cartas no sentir miedo. El 12 de marzo grabó un video con un teléfono introducido clandestinamente en la cárcel.
En esa grabación denunció la represión estatal y la supuesta ascensión de Mojtaba Khamenei al liderazgo supremo tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, en medio de ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos e Israel.
Tras asistir a una vigilia frente a la prisión, la familia de Alipour —su hermano Roozbeh, su hermana Maryam y su madre Ommolbanin Dehghan— fue detenida por las autoridades.
El 31 de marzo, las autoridades trasladaron a Alipour a la prisión de Ghezel Hesar, donde fue ahorcado junto a Pouya Ghobadi, un ingeniero eléctrico de 32 años.
Ghobadi había sido arrestado por su presunta implicación en acciones contra el régimen. Organizaciones de derechos humanos consideran que su ejecución forma parte de una ola de muertes destinada a generar temor en la sociedad iraní.
También fue ejecutado Amirhossein Hatami, un joven de 18 años, el 2 de abril tras una confesión forzada; se le imputaron cargos de moharebeh (enemistad contra Dios) y efsad-fil-arz (corrupción en la tierra) por un ataque a una base militar durante las protestas de enero.
La ejecución más reciente mencionada es la de Amirali Mirjafari, un estudiante y técnico informático de 24 años, acusado de participar en manifestaciones. Activistas afirman que otros 11 presos políticos, con edades entre 23 y 68 años, permanecen en el corredor de la muerte a la espera de una posible ejecución.
El caso de la familia Younesi ilustra el alcance de la represión. Reza Younesi, profesor universitario en Suecia, denunció la detención de su hermano Ali, un estudiante premiado de astronomía, y la desaparición temporal de su padre Yousef, de 73 años, ambos encarcelados en Irán por supuestos vínculos con el MeK.
Reza dijo al diario británico que durante nueve días su familia ignoró el paradero de su padre hasta confirmar que había sido trasladado a la misma prisión que su hijo. Para él, la incertidumbre y el temor a nuevas represalias aumentan ante la falta de supervisión internacional.
“Estamos hablando de un régimen horrible y brutal. Cuando hay guerra, se vuelven aún más brutales. Pueden hacer prácticamente lo que quieran con los prisioneros”, declaró Younesi al medio británico, describiendo la situación desde su perspectiva.
Agregó que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos no han logrado detener la escalada represiva, y que el régimen no suele reaccionar ante la presión externa, incluso cuando hay pronunciamientos públicos.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights con sede en Noruega, afirmó que el impacto de estas ejecuciones ha alcanzado un nivel sin precedentes en las últimas semanas. Indicó que, históricamente, la mayoría de las ejecuciones se dirigían a condenados por delitos comunes, pero que en el último mes ha aumentado de forma inusual el número de presos políticos y manifestantes ejecutados.
“El objetivo de estas ejecuciones es infundir miedo en la población”, declaró Amiry-Moghaddam a The Guardian, y añadió que el costo político de ejecutar a un manifestante o preso político sería mayor en circunstancias normales, pero que la guerra ha eclipsado esas consideraciones.
