A partir del 30 de abril entra en vigencia en Costa Rica una nueva ley que impone sanciones económicas a quienes sean sorprendidos ingresando a parques nacionales por puntos no habilitados. La norma busca proteger las áreas silvestres y evitar daños a ecosistemas sensibles causados por la actividad humana. Las multas pueden alcanzar hasta 4.6 millones de colones, aproximadamente 9.000 dólares.
La reforma, aprobada por el Congreso a mediados de febrero, endurece las sanciones para personas físicas y para empresas y operadores turísticos que faciliten el acceso ilegal a las zonas protegidas. Su propósito es disuadir el ingreso no autorizado, fomentar el uso responsable del patrimonio natural y salvaguardar tanto la integridad de los visitantes como la biodiversidad.
Las autoridades indican que el ingreso o permanencia en áreas no autorizadas dentro de los parques nacionales conlleva una multa base de 1,38 millones de colones (unos 2.200 dólares), monto que puede incrementarse según la gravedad de la infracción y las circunstancias en que se detecte. Para operadores turísticos, las sanciones superan los 3 millones de colones y pueden llegar hasta 4,6 millones cuando se trata de accesos a zonas catalogadas de alto riesgo, como cráteres volcánicos.
La ley también contempla sanciones para quienes promocionen actividades turísticas no autorizadas dentro de los parques nacionales. Las autoridades advierten que el acceso ilegal no solo expone a los visitantes a riesgos por la falta de condiciones de seguridad y de atención ante emergencias, sino que además provoca impactos ambientales irreversibles, altera hábitats frágiles y aumenta las amenazas sobre especies de flora y fauna.
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) considera que la imposición de multas actúa como un mecanismo disuasorio para que las personas respeten las normativas y eviten situaciones peligrosas tanto para ellas como para el entorno natural. Yeimy Cedeño, jefa del Departamento de Control y Protección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ha señalado que el ingreso y las actividades no autorizadas causan daños ambientales, alteraciones en los hábitats y ponen en riesgo especies que pueden estar amenazadas o ser endémicas.
Los recursos recaudados por las multas se destinarán al fortalecimiento de labores de control, vigilancia y protección en las áreas silvestres protegidas, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de esos espacios y mejorar la capacidad de respuesta ante nuevas infracciones.
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el SINAC registró 408 ingresos por puntos no autorizados en zonas protegidas. El volcán Irazú presentó la mayor cantidad de casos con 200 ingresos ilegales, seguido por la isla San Lucas con 88 registros; también se reportaron incidentes en los volcanes Arenal, Poás y Turrialba. Estos datos refuerzan la necesidad de un mayor control y la relevancia de la nueva legislación.
