El Gobierno de Guatemala confirmó que activó protocolos nacionales de respuesta tras detectar recientes incidentes de ciberseguridad en varias instituciones estatales. Según el comunicado oficial del 29 de abril de 2026, las medidas buscan preservar la estabilidad institucional mediante el refuerzo de controles técnicos y organizativos y la coordinación con aliados internacionales.
El documento oficial indica que la gestión de los incidentes cuenta con personal especializado y con cooperación extranjera. El Ejecutivo señaló que ese acompañamiento permite una atención organizada de los incidentes, fortaleciendo la resiliencia digital y evitando, hasta ahora, afectaciones directas a servicios públicos esenciales.
Las autoridades refuerzan controles y monitorean posibles vulneraciones a información sensible
Ante la amenaza, las autoridades ordenaron a todas las entidades públicas reforzar sus controles de seguridad, reducir superficies de exposición y mejorar sus capacidades de respuesta. Se mantiene un monitoreo interinstitucional activo para identificar y mitigar cualquier actividad maliciosa.
El Fiscal General en funciones, Dimas Jiménez, calificó como graves las denuncias sobre la “extracción irregular de información” —hackeos— y afirmó que estos casos fueron remitidos a la Fiscalía contra el Crimen Organizado por la sospecha de la existencia de una estructura criminal dedicada a sustraer y posiblemente comercializar datos sensibles.
Jiménez advirtió que el riesgo al que se expone la ciudadanía es relevante por el tipo de información comprometida. Puso como ejemplo la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), donde se registran datos de armas de fuego pertenecientes a ciudadanos y empresas de seguridad. Señaló que las instituciones afectadas manejan información sensible, que incluye bases de datos amplias sobre personas y entidades, más allá de licencias.
La investigación considera antecedentes de incidentes similares, como el ataque reportado el año anterior a la Contraloría General de Cuentas, cuando se detectaron accesos a bases de datos y modificaciones en registros de funcionarios. Jiménez confirmó que entre los casos investigados figuran personas de alto perfil, incluida la propia fiscal general.
Consultado sobre un posible objetivo político en año preelectoral, Jiménez reconoció que esa hipótesis está siendo considerada: que la extracción de información pudiera favorecer a algún partido o comité en formación, aunque no está confirmada. Reiteró la necesidad de que los responsables institucionales fortalezcan sus sistemas y denuncien de inmediato cualquier intrusión.
El fiscal recordó a la ciudadanía que este tipo de investigaciones requieren tiempo y amplia cooperación nacional e internacional, por lo que no se resolverán en corto plazo.
El Gobierno instó a informarse exclusivamente por canales oficiales y a evitar difundir rumores, ya que la desinformación puede generar incertidumbre y vulnerabilidad, según el comunicado.
La administración afirmó que ya están activas alianzas nacionales e internacionales y que la neutralización de amenazas informáticas exige formación de capacidades y acción coordinada. Señaló que desde la primera detección se aplican medidas de respuesta, contención y mitigación.
Las investigaciones continúan abiertas, y la Fiscalía contra el Crimen Organizado centraliza y da seguimiento a las denuncias con el compromiso de ofrecer resultados próximamente sobre las distintas modalidades de sustracción de información que afectan a las instituciones públicas.
