La Policía de la Ciudad desarticuló una organización dedicada a estafar a inversores mediante criptomonedas y empresas fantasma. El operativo consistió en 21 allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires —incluyendo Moreno, Morón, Merlo, La Matanza y San Isidro— y dejó como saldo más de 250.000 dólares incautados, ocho imputados y al menos 200 damnificados identificados en todo el país.
Cómo operaba la red
Los investigadores establecieron que la banda, conformada por dos familias, captaba víctimas mediante ofertas de inversión en supuestas empresas que cotizaban en la Bolsa y en sociedades ficticias. Para sostener el engaño desarrollaron una aplicación móvil falsa que mostraba movimientos financieros simulados de las inversiones. Cuando las víctimas solicitaban la devolución de los fondos, los responsables alegaban restricciones administrativas del Banco Central para justificar demoras y así ganar tiempo para seguir captando nuevos perjuicios.
La Ruta del Dinero Digital
Un hallazgo clave fue el mecanismo de lavado bautizado como “Ruta del Dinero Digital”: los fondos estafados se convertían en criptoactivos y luego se reintegraban a la economía formal mediante la compra de vehículos e importaciones de electrodomésticos para su reventa en plataformas online.
La estructura operativa tenía roles definidos: un integrante creaba empresas fantasma; otros montaban inmobiliarias para canalizar fondos mediante alquileres ficticios; y algunos ocupaban cargos en agencias de viajes y casas de turismo que, en la práctica, funcionaban como cuevas financieras.
Los operativos en la zona y en Capital
Las 21 diligencias se realizaron de forma simultánea: doce en la Ciudad de Buenos Aires (Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano) y nueve en la provincia (Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown).
Durante los procedimientos se incautaron 172.000 dólares en efectivo, criptoactivos por un valor estimado en 80.000 dólares, seis millones de pesos, cheques por montos millonarios, vehículos, computadoras portátiles, teléfonos celulares, discos rígidos y documentación con registros financieros.
Uno de los imputados fue detenido en el marco de los allanamientos por tener un pedido de captura vigente de la Justicia de La Rioja. Las ocho personas acusadas pertenecen a dos familias, según las fuentes de la investigación. La causa se inició en 2023 a partir de una denuncia en Puerto Madryn: la denunciante había invertido más de 100 millones de pesos y, tras un período inicial en que recibió rendimientos —una práctica habitual para generar confianza—, no recuperó el capital.
La investigación estuvo a cargo de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, en coordinación con el fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson (Chubut), y con autoridades judiciales de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
