La deuda pública de Honduras cerró el año pasado en 17,900 millones de dólares, según la Secretaría de Finanzas. Esa cifra incluye obligaciones tanto internas como externas y, de acuerdo con el gobierno, se encuentra dentro de niveles considerados sostenibles.
La subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera, señaló que el nivel de endeudamiento no representa un riesgo inmediato. No obstante, las autoridades identifican como desafío principal asegurar que los recursos obtenidos mediante deuda se traduzcan en beneficios concretos para la población y en mayor estabilidad económica a mediano y largo plazo.
Ante este escenario, el gobierno está implementando una reorganización del gasto público con prioridad en sectores sociales estratégicos. La medida responde a presiones internas y al contexto internacional, caracterizado por altos niveles de inflación y condiciones financieras más restrictivas, según la Secretaría de Finanzas.
El saldo de la deuda de la Administración Central está compuesto en un 48% por deuda interna y en un 52% por deuda externa.
De acuerdo con los datos oficiales, esa distribución implica compromisos con acreedores nacionales, así como con organismos multilaterales y entidades financieras internacionales.
Rivera explicó que mantener un equilibrio entre deuda interna y externa exige una gestión disciplinada, ya que buena parte del endeudamiento se ha destinado a gastos de impacto limitado, lo que deja al país expuesto a las fluctuaciones del mercado financiero global y al reciente aumento de las tasas de interés.
En sus palabras: “El saldo de deuda al cierre del año de la Administración Central ascendió a 17,900 millones de dólares, de los cuales el 48% es deuda interna y la diferencia, deuda externa”, y añadió que la dificultad no solo está en el monto total, sino en el destino que se da a esos recursos.
Varios sectores han cuestionado la eficiencia del gasto público, señalando casos en que el endeudamiento no se traduce en mejoras palpables para la ciudadanía.
La funcionaria enfatizó que, aunque los niveles se mantienen dentro de límites de sostenibilidad, preocupa el uso que se ha dado a la deuda en el pasado.
El plan de reorganización presupuestaria busca dirigir el endeudamiento hacia inversiones con alta rentabilidad social; los sectores prioritarios incluyen salud, educación, infraestructura y programas para poblaciones vulnerables, indicó Rivera.
Rivera afirmó que la política fiscal actual procura “mejorar la calidad del endeudamiento”, es decir, que los préstamos financien proyectos productivos o de alto impacto en lugar de cubrir gastos corrientes sin retorno.
Además, la administración evalúa mecanismos para optimizar la gestión de la deuda, como operaciones de canje o reestructuración negociadas con organismos internacionales.
Estas medidas pretenden lograr tasas de interés más bajas y plazos de pago más amplios, una estrategia importante frente a la volatilidad financiera global y el encarecimiento del crédito.
La funcionaria subrayó que la cooperación internacional es clave para obtener condiciones más favorables y reducir la vulnerabilidad fiscal de Honduras.
El siguiente bloque responde de forma autónoma a la pregunta sobre la magnitud y composición de la deuda pública de Honduras, el papel de las autoridades y el impacto esperado.
La deuda pública de Honduras fue de 17,900 millones de dólares, con una participación del 48% correspondiente a deuda interna y del 52% a deuda externa, según la Secretaría de Finanzas.
La institución indicó que, aunque este nivel de endeudamiento no implica un riesgo inmediato para la economía, es imprescindible una gestión eficiente y una orientación clara hacia sectores que aseguren un retorno social significativo.
Rivera detalló que el gobierno trabaja en fortalecer la recaudación mediante la mejora de procesos administrativos y la ampliación de la base de contribuyentes.
El Servicio de Administración de Rentas (SAR) lidera iniciativas para combatir la evasión y la elusión fiscal, además de implementar mecanismos que incorporen a más personas y empresas al sistema formal.
La funcionaria destacó que “las autoridades de la SAR están buscando mecanismos para eficientar la recaudación y ampliar la base de contribuyentes”, una estrategia esencial para reducir la dependencia del financiamiento externo y robustecer los ingresos internos.
Otro riesgo señalado por las autoridades es la situación del sector energético, que sigue afectando el equilibrio fiscal del país.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta pérdidas acumuladas y altos costos en generación y distribución, factores que inciden negativamente en las finanzas públicas.
Rivera explicó que la administración trabaja con organismos internacionales en reformas destinadas a reducir pérdidas, mejorar la eficiencia operativa y lograr tarifas más sostenibles y competitivas.
