Giuseppe Busia conoce Buenos Aires desde su juventud: llegó como estudiante de intercambio al terminar la secundaria, vivió cerca de los lagos de Palermo y conserva un español rioplatense fluido. Esta semana volvió con una agenda institucional: como presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) encabezó el primer taller subregional de EL PAcCTO 2.0, el programa de la Unión Europea contra el crimen organizado transnacional.
La actividad, organizada junto a la Organización Internacional Italo-Latino Americana (IILA), reunió en Buenos Aires a representantes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para diseñar una hoja de ruta regional. Además, Busia y el subdirector de EL PAcCTO 2.0, Giovanni Tartaglia Polcini, dictaron capacitaciones para magistrados federales en Comodoro Py y para unidades encargadas de compras públicas, fortaleciendo la cooperación Europa–América Latina en integridad y justicia.
La entrevista tuvo lugar en un hotel céntrico entre reuniones. Durante casi una hora habló con Infobae sobre corrupción, democracia, la inteligencia artificial y los riesgos de retrocesos normativos, incluidos algunos en Italia. En su memoria anual ante el Parlamento había afirmado que “la corrupción destruye recursos, frustra el esfuerzo, amenaza la seguridad, a veces mata a las personas” y, en la charla, añadió: “El daño más profundo no es económico. Es la pérdida de confianza en las instituciones”.
—Cierra una semana intensa en Buenos Aires entre el taller regional de EL PAcCTO 2.0 y el encuentro en Comodoro Py ante más de doscientos magistrados federales. ¿Qué se lleva de ese intercambio?
—Fue un cierre de alto nivel y un espacio valioso de intercambio. Participaron el ministro de Justicia y magistrados destacados; trabajamos la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y comparamos trayectorias: Argentina tiene una ley reciente y Italia lleva décadas de experiencia. Estas comparaciones ayudan a impulsar medidas de prevención en empresas y a que la magistratura promueva prácticas de transparencia que mejoran la gestión pública.
—La ley italiana es de 2001 y la argentina, de 2017. ¿Qué errores cometió el legislador italiano en estas dos décadas que Argentina debe evitar repetir?
—Hemos cometido errores comunes: una fase prolongada de baja aplicación y la reproducción burocrática de planes de integridad. Es clave construir una cultura de correcta aplicación, con jurisprudencia que guíe a empresas y administraciones. Los programas de integridad funcionan cuando se adaptan a la realidad organizacional—tamaño, sedes, nivel de riesgo—y cuando buscan efectividad real, no solo cumplimiento formal.
—Ya estuvo en misiones en Ecuador, Brasil y República Dominicana. ¿Cómo ve a América Latina en la lucha contra la corrupción respecto de cuando comenzó su mandato en 2020?
—La región es diversa, como Europa. Lo positivo del proyecto de la UE con IILA y EL PAcCTO 2.0 es que permite comparar avances por país, identificar niveles y reducir brechas sin imponer modelos. Se identifican buenas prácticas por temas—responsabilidad de personas jurídicas, whistleblowing, contratos públicos—y se transfieren soluciones entre países, lo que facilita mejoras más cercanas a la realidad regional.
—Usted habló en otras misiones de “diplomacia jurídica”. En la práctica, ¿cómo se construye ese puente para que un juez en Roma y uno en Buenos Aires hablen el mismo idioma?
—La corrupción es transfronteriza y aprovecha las diferencias jurisdiccionales; se vincula con la criminalidad organizada y emplea herramientas sofisticadas como sociedades pantalla o criptomonedas. El intercambio técnico y jurisprudencial ayuda a armonizar enfoques y a demostrar que soluciones aplicadas en un país pueden funcionar en otro, cerrando la brecha entre la ley escrita y su aplicación efectiva.
—¿Y en el caso argentino? La ley exige programas de integridad para contratar con el Estado. ¿Garantiza eso transparencia real o puede convertirse en un mero cumplimiento formal?
—Es una iniciativa pionera y su éxito depende de evitar la copia mecánica de modelos. Un requisito de integridad bien diseñado mejora también la eficiencia administrativa: selecciona mejores perfiles, agiliza procedimientos mediante digitalización y promueve gestión más transparente. Si se aplica con efectividad, beneficia a la ciudadanía; si es formalismo, no cumplirá esos fines.
—La ANAC italiana es una autoridad independiente; la Oficina Anticorrupción argentina depende del Poder Ejecutivo. ¿Esa independencia pesa en la decisión de un inversor extranjero a la hora de poner dinero en un país?
—La independencia se construye por la autoridad de las decisiones y transmite credibilidad. Para atraer inversión extranjera son fundamentales reglas claras y transparencia en la contratación pública. Los inversores internacionales analizan la independencia judicial y la transparencia administrativa: cuando faltan, el riesgo percibido aumenta. Un sistema que previene la corrupción es esencial para el crecimiento económico.
—En los últimos años, potencias como Estados Unidos dieron señales de relajar el cumplimiento de leyes históricas contra el soborno transnacional, como la FCPA. ¿Teme que el mundo esté entrando en una “carrera hacia abajo” donde se sacrifique la transparencia en nombre de la competitividad económica?
—Es un riesgo real y preocupante. Sería una visión de corto plazo. Estados Unidos fue pionero en la lucha contra la corrupción y su retroceso no debe ser seguido. Europa y América Latina tienen la responsabilidad de mantener principios que sostienen el crecimiento y defienden valores democráticos. La respuesta adecuada es fortalecer el multilateralismo y no imitar pasos atrás.
—Los retrocesos no vienen solo de Estados Unidos. La propia Italia abrogó en 2024 el delito de abuso de cargo y redujo el alcance del tráfico de influencias. ¿Cómo es posible que un país pionero en la lucha anticorrupción dé estos pasos atrás?
—Considero que fueron errores. La abrogación dejó vacíos importantes: ciertas formas de favoritismo sin intercambio de dinero quedaron sin sanción, lo que perjudica a candidatos y a la administración. Si una norma presenta problemas, lo correcto es aclararla, no eliminarla. La Directiva Anticorrupción europea, aunque suavizada respecto de la propuesta inicial, puede ser una oportunidad para recuperar sanciones frente a conductas graves.
—En su último informe anual ante el Parlamento italiano, hace una semana, sostuvo que la corrupción se ha vuelto hoy una “constelación de conductas subrepticias”. ¿El delito ya no necesita de la clásica valija con dinero para ser efectivo?
—Exactamente. Hoy la corrupción se oculta en consultorías, relaciones aparentemente lícitas y decisiones discrecionales sin evidencia de pagos. Es más difícil de detectar y perseguir, por eso la prevención y las buenas prácticas administrativas son fundamentales: mejoran servicios, optimizan recursos públicos y reconstruyen confianza ciudadana.
—Solemos pensar en la corrupción como un delito “de guante blanco” o un simple desvío de fondos, pero usted sostuvo que “frustra el esfuerzo, amenaza la seguridad y a veces mata personas”. ¿Por qué una formulación tan contundente?
—Porque el daño excede lo económico: la pérdida de confianza en las instituciones debilita el funcionamiento del Estado y facilita la entrada de la criminalidad organizada en la economía legal, especialmente en contratos públicos. Eso afecta oportunidades y merma la meritocracia, con consecuencias sociales y de seguridad.
—Bajo su presidencia, los procedimientos analógicos en licitaciones italianas cayeron del 21% al 1%. ¿La digitalización cumplió sus promesas en la lucha contra la corrupción?
—La digitalización ha avanzado y ha mejorado control y transparencia: todos los contratos públicos se tramitan en plataformas interconectadas con ANAC, lo que facilita la verificación y reduce la repetición documental. También abre el mercado y favorece la competencia leal. Es un proceso en curso, pero ofrece herramientas importantes para prevenir irregularidades y orientar al mercado hacia criterios tecnológicos o ambientales.
—ANAC empezó a usar inteligencia artificial para detectar anomalías en las licitaciones. ¿Cómo funciona en la práctica y dónde están los límites?
—La empleamos con cautela. Introdujimos principios en el Código de Contratos: evitar sesgos discriminatorios, exigir transparencia en los algoritmos y mantener el control humano. No se pueden delegar funciones públicas enteramente a máquinas; la administración debe comprender y gobernar las herramientas para que no trasladen decisiones públicas a actores privados sin responsabilidad pública.
—¿Y se ven casos del lado opuesto: IA usada para manipular licitaciones o burlar los controles?
—Sí, en algunos casos la tecnología se utiliza con fines delictivos. La IA no es única: hay muchos tipos de algoritmos. Hay que promover su uso responsable y regulado: si no se la gobierna, corre el riesgo de volverse una herramienta que sobrepase a quienes deben controlarla.
—Para cerrar: ¿qué consejo le daría a un joven funcionario o magistrado argentino que recién empieza?
—Invertir en competencias, cultura jurídica y capacidades técnicas. Esa formación rinde a largo plazo y es la base para orientar las decisiones en la dirección correcta; es la mejor inversión profesional.
Perfil: ¿Quién es Giuseppe Busia?
Cargo actual: Presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) desde septiembre de 2020; su mandato concluye este año. Trayectoria institucional: Jurista de carrera con amplia experiencia en autoridades de garantía; fue Secretario General del Garante de la Privacidad de Italia (2012–2020). Roles internacionales: Preside la Red para la Integridad (Network for Integrity) y es vicepresidente de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA). Formación y academia: Doctor en Teoría del Estado, profesor de Derecho Público y Administrativo y autor de múltiples trabajos sobre transparencia, ética pública y tecnología aplicada al derecho. La apuesta digital: Bajo su gestión la ANAC impulsó la Base de Datos Nacional de Contratos Públicos y el uso de análisis masivo de datos e inteligencia artificial para prevenir la corrupción en tiempo real.
