El 13 de mayo de 2026, una residente de San Diego presentó una demanda colectiva contra OpenAI en el Tribunal de Distrito Sur de California, bajo el expediente Couture v. OpenAI Global, LLC. La demanda alega que ChatGPT incorporó en su sitio piezas de medición publicitaria —el píxel de Meta y Google Analytics— y que esas herramientas transmitieron a Meta y Google los títulos de las consultas, identificadores de usuario y correos electrónicos de personas que usaban el chatbot.
Conviene la cautela: se trata de alegaciones. OpenAI no ha sido declarada culpable y, al momento de la presentación, no había respuesta oficial de la empresa. No obstante, la demanda apunta a un fallo de diseño en la implementación del servicio.
Hablarle a una IA no es escribir un diario, es completar un formulario web
Muchos usuarios asumen que las conversaciones con ChatGPT son privadas, algo parecido a un cuaderno personal, y comparten detalles íntimos como problemas personales, médicos o legales. La demanda sostiene que esa expectativa de privacidad puede ser incorrecta.
Según la acusación, ChatGPT funciona como un sitio web que incluye «plomería» publicitaria: píxeles, etiquetas y rastreadores típicos de comercios en línea. Esas herramientas, diseñadas para conocer qué miran los visitantes, habrían estado presentes en la infraestructura que procesa las conversaciones.
El problema, según la demanda, no es una conspiración encubierta sino una decisión de implementación: datos sensibles de una charla íntima podrían haberse tratado con la misma tecnología que se usa para procesar compras y anuncios.
El mecanismo es lo que vuelve seria la acusación
La querella describe un mecanismo concreto. Afirma que cuando un usuario iniciaba una conversación, el título que ChatGPT asignaba a esa interacción (por ejemplo, “Ganador del Super Bowl 2005”) se enviaba a Meta junto con cookies que pueden vincular esa acción a una cuenta de Facebook. En el caso de Google, la demanda señala que se habrían capturado correos electrónicos hasheados al iniciar sesión.
Si esas afirmaciones se confirman, el tema de la consulta dejaría de ser anónimo y quedaría asociado a una identidad concreta.
La demanda invoca varias normas: la ley federal de privacidad de comunicaciones electrónicas, dos secciones de la ley de privacidad de California y la Constitución estatal. Solicita daños que, por violación, van desde USD 5.000 hasta USD 10.000 cada uno; aplicados a una clase estimada en millones de usuarios, las cifras reclamadas podrían ascender a miles de millones.
Un punto importante: Meta y Google no son demandados en este caso. La acusación se dirige únicamente contra OpenAI por integrar esa tecnología en su código; la crítica se centra en quien construyó la plataforma y las herramientas que eligió usar.
La próxima disputa de la IA no es por modelos más inteligentes
Este reclamo no es aislado: el 31 de marzo se presentó una demanda muy parecida contra Perplexity en el Distrito Norte de California, con la misma alegación sobre rastreadores que envían conversaciones a plataformas publicitarias.
Hay un patrón reconocible. Empresas que ofrecen asistentes conversacionales han montado productos orientados a la confidencialidad sobre la infraestructura tradicional de la web comercial, cuya lógica principal es convertir comportamientos en perfiles y perfiles en publicidad.
Hasta ahora, la competencia en IA se ha contado como una carrera técnica: quién tiene el modelo más grande, más preciso o menos proclive a errores. Estas demandas abren otro frente: cuestionan qué hacen las empresas con la información confidencial que se comparte con sus asistentes.
Cada proveedor que presenta su IA como un espacio privado también hace una afirmación implícita sobre la «plomería» técnica que usa. A diferencia de los mensajes de marketing, esa arquitectura deja registros y puede tener consecuencias legales y de privacidad.
