Una organización que operaba desde distintas cárceles bonaerenses y se hacía pasar por administradores de sitios de prostitución para extorsionar a sus clientes —obteniendo información personal mediante bases de datos compradas por Telegram— fue desarticulada tras una investigación que derivó en 37 allanamientos y numerosas detenciones.
En una serie de procedimientos llevados a cabo este lunes en unidades penitenciarias y domicilios del Conurbano, personal del Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense detuvo a 31 sospechosos imputados por integrar la organización, entre ellos una oficial de la fuerza, dos empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y un menor.
Según fuentes policiales, la pesquisa se inició el 7 de abril pasado cuando C.L. denunció que, tras ingresar al sitio “Gemidos TV”, empezó a recibir llamadas de personas que se identificaban como responsables de la página. Bajo amenazas de dañar a su familia y difundir datos personales, le exigían sumas de dinero en concepto de una supuesta “multa”.
En un audio incorporado al expediente se escucha a uno de los extorsionadores amenazar con provocar daños si la víctima continuaba comunicándose; esas escuchas fueron aportadas al fiscal Juan Marcelo Diomede, titular de la UFI N° 5 de La Matanza, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Mary Mabel Castillo.
La conversación exhibe las tácticas de presión y manipulación utilizadas por los acusados para intimidar a las víctimas. Al otro lado de la línea, C.L., afectado por las amenazas, se negó a seguir entregando dinero.
“No tengo plata, te estoy diciendo”, respondió la víctima ante los reiterados agravios.
Según la investigación, antes de negarse la víctima ya había entregado USD 10.000 en efectivo en distintos puntos de encuentro en Tapiales e Isidro Casanova y realizado transferencias por otros $3.000.000 a cuentas proporcionadas por los delincuentes.
A pesar de ello, las exigencias continuaron.
En las grabaciones se registran insultos y amenazas de uno de los internos, quien reclamaba el pago y buscaba intimidar a la víctima para obtener más dinero.
Tras dos semanas de trabajo, los investigadores concluyeron que se trataba de una organización dedicada a captar personas de alto poder adquisitivo a través de redes sociales para luego extorsionarlas.
El 22 de abril se detuvo a los primeros integrantes de la banda: Agustín Coria Insaurralde (27) y Johanna Insaurralde (38). Al ser arrestada, la mujer recibió una llamada de su pareja, Marcos Prado, señalado como encargado de aportar información sobre las víctimas y coordinar los retiros del dinero.
El análisis de los teléfonos secuestrados aportó nuevas pruebas que permitieron otros allanamientos. Ese mismo día fueron detenidos Silvia Villalba (51), Cristian Audes (53) y Florencia Insaurralde (35), y durante los procedimientos se incautaron celulares, tarjetas SIM y dinero vinculado a las maniobras investigadas.
Con esos primeros cinco arrestos, los investigadores determinaron que muchas de las llamadas extorsivas habían sido realizadas desde la Unidad Penal N° 43 de González Catán por un interno que, además, administraba parte de los fondos obtenidos.
A partir de esa pista se identificaron más integrantes de la organización y se ubicaron sus domicilios.
Cinco días después, efectivos del Departamento Casos Especiales allanaron la unidad penal y detuvieron a Prado, quien ya estaba preso por una causa por robo agravado en el Juzgado de Ejecución Penal N° 3.
En su celda hallaron una gran cantidad de teléfonos ingresados de forma irregular al penal; tres de esos equipos coincidían con los intervenidos en la investigación y desde ellos se realizaban las llamadas extorsivas. También se secuestraron tarjetas de memoria y otros elementos de interés.
Por otra parte, allanamientos en Isidro Casanova permitieron detener a Leandro Gabriel Prado (36) y Lucas Alejandro González (32), acusados de integrar la organización.
Bases de datos compradas y nuevas detenciones
Pericias posteriores sobre los teléfonos secuestrados revelaron que los internos usaban perfiles falsos creados en “Gemidos TV” y obtenían información personal de las víctimas mediante bases de datos adquiridas a través de Telegram.
Los investigadores además detectaron el uso de “cuentas mula” para recibir y mover el dinero producto de las extorsiones.
Al reconstruir el circuito de las transferencias, identificaron a los destinatarios finales de los fondos: internos, familiares de presos e incluso miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense que, según la sospecha, cobraban para facilitar el ingreso de teléfonos a distintas unidades.
En algunas de las cuentas analizadas se registraron movimientos por sumas que oscilaron entre 13 y 30 millones de pesos.
A mediados de mayo la Policía identificó a cerca de 30 presuntos integrantes de la organización, entre ellos Maia Camila Geraldine Aranda, una oficial de la Policía Bonaerense de 21 años que prestaba funciones en la Fuerza Barrial de Aproximación de La Matanza Centro.
Según las fuentes, la banda operaba desde las unidades penitenciarias N° 43 de González Catán, N° 24 de Florencio Varela y N° 40 y N° 58 de Lomas de Zamora.
La metodología utilizada fue el vishing, una modalidad de ingeniería social mediante llamadas telefónicas para obtener información personal o bancaria con fines de estafa, extorsión y otros delitos.
Una vez obtenidos los fondos, se distribuían a través de distintas cuentas bancarias y se repartían entre los integrantes de la organización.
Como resultado de los 37 allanamientos realizados en La Matanza, Merlo, Lomas de Zamora, General Rodríguez y Ezeiza, además de dos unidades penitenciarias, fueron detenidos otros 31 sospechosos.
Entre los arrestados figuran la oficial Aranda, Víctor Damián Maidana (37) y Agustina Julieta Prisila Aranda (23), ambos empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un adolescente de 17 años.
En los procedimientos se secuestraron numerosos teléfonos que serán peritados; una pistola calibre 9 mm con la numeración suprimida y siete municiones; una Bersa Thunder calibre 9 mm; una pistola Bersa TPR9 reglamentaria de la Policía Bonaerense; tarjetas SIM de distintas compañías; un chaleco antibalas; dos computadoras con antenas para conexión Wi‐Fi y dos laptops.
Este martes, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó la inmediata desafectación de la oficial Aranda y el secuestro de su arma reglamentaria.
