La concejal de La Libertad Avanza en Morón, Analía Zappulla, cuestionó las explicaciones del secretario de Seguridad, Damián Cardoso, durante la interpelación en el Concejo Deliberante por el caso de Luna Suyai Ortigoza, exdirectora municipal acusada en una causa por narcotráfico y actualmente prófuga. Zappulla afirmó que la exposición oficial dejó múltiples interrogantes y aumentó las dudas sobre el funcionamiento interno del Ejecutivo local.
La sesión extraordinaria se convocó después de que el Concejo aprobara la interpelación al intendente Lucas Ghi; el jefe comunal no asistió y envió a Cardoso en su representación. Para Zappulla, la ausencia del intendente fue significativa, ya que el requerimiento de informes estaba dirigido a él y decidió no presentarse ante el cuerpo deliberativo.
La concejal señaló que algunas respuestas de Cardoso en el recinto no coincidieron con declaraciones públicas previas del propio intendente, lo que dejó una sensación de preocupación en la oposición. Planteó que las discrepancias podrían deberse a falta de control en el equipo, a una tentativa de desinformar, o a problemas de gestión interna.
Uno de los puntos más criticados fue la situación laboral de Ortigoza: Zappulla explicó que, si bien fue apartada de su cargo político, permanece como empleada de planta permanente del municipio a pesar de estar prófuga.
Zappulla señaló que resulta preocupante que Ortigoza continúe en la planta municipal. Recordó que ingresó a la comuna en 2020 y tuvo un ascenso rápido: en seis años pasó a ser personal de planta y, el año anterior a su fuga, fue nombrada directora.
La concejal también puso en duda la versión oficial sobre el origen de la investigación judicial. Dijo que Cardoso contradijo informes previos del gobierno municipal y que existió una comunicación errónea por parte del equipo de prensa del intendente.
Según Zappulla, el Ejecutivo había informado que la Secretaría de Seguridad impulsó las actuaciones que derivaron en los allanamientos, pero en el recinto Cardoso afirmó que la denuncia nunca ingresó al municipio y que fue presentada directamente en la fiscalía.
Para la edil, esas contradicciones evidencian deficiencias en el funcionamiento de la gestión local. Calificó las inconsistencias como un signo de desprolijidad administrativa en el municipio.
Vinculó esas falencias con una falta de conducción política y afirmó que el gobierno municipal atraviesa una marcada desorganización.
Como ejemplo de esa desorganización, mencionó que en 2025 el municipio de Morón modificó su estructura administrativa en 23 ocasiones, lo que equivaldría a cerca de dos cambios por mes.
Zappulla recordó además otro episodio reciente relacionado con una empleada de la Secretaría de Seguridad y dijo que ambos casos reflejan problemas profundos en esa área. Manifestó que la sensación es de desmanejo y deficiencias administrativas.
Respecto de la investigación sobre Ortigoza, la concejal indicó que siguen pendientes numerosas aclaraciones, entre ellas la existencia de controles internos y el posible uso de recursos municipales por parte de la exfuncionaria.
Detalló que al preguntar si se había consultado con compañeros, subalternos o superiores sobre si Ortigoza había informado alguna situación, o si había utilizado una camioneta o teléfonos municipales para actividades ilícitas, las autoridades no supieron responder.
Asimismo, afirmó que en la interpelación quedó en evidencia un desconocimiento notable sobre aspectos centrales de la causa, como el paradero de la computadora y el teléfono municipales, que según la concejal podrían estar en la fiscalía.
Sobre los pasos a seguir, indicó que la oposición está analizando la documentación enviada por el Ejecutivo y aguardando avances judiciales para definir si corresponde promover nuevas acciones desde el Concejo Deliberante.
Finalmente, Zappulla evaluó la gestión de Cardoso al frente de Seguridad: reconoció que mantiene una actitud más abierta que otros funcionarios, pero cuestionó los resultados del área y expresó dudas sobre la veracidad o el alcance de los datos oficiales que indican una reducción del delito.
Cuestionó, en ese sentido, por qué una supuesta metodología para reducir un 30% el robo de automotores no se aplicó con anterioridad y planteó dudas sobre cuántos hechos delictivos o víctimas podrían haberse evitado si esas medidas se hubieran implementado desde el inicio de la gestión municipal en 2019.
