Un estudio reciente analiza cómo la política europea de envejecimiento activo construye un modelo de persona mayor útil, sana e independiente, y examina cómo ese marco influye en las expectativas y obligaciones en la vejez. Los autores, entre ellos Pelle Korsbæk Sørensen, sostienen que vincular el “buen envejecer” a la contribución económica y a la reducción de la dependencia de los servicios públicos puede condicionar las responsabilidades atribuidas a las personas mayores.
Los investigadores revisaron documentos de la Unión Europea de 2012 y los contrastaron con una publicación de 2019 para evaluar su evolución. Señalan como punto de partida el cambio demográfico: la proporción de personas de 80 años o más en la UE se proyecta que más que se duplique entre 2019 y 2070, mientras que la franja de 20 a 64 años disminuiría significativamente, según el informe de envejecimiento de la Comisión Europea.
El estudio concluye que los textos analizados promueven la expectativa de que las personas mayores permanezcan activas, reduzcan su uso del Estado de bienestar y sigan aportando a la sociedad durante el mayor tiempo posible. Esta formulación se apoya en una lógica económica que coloca la productividad y la independencia como atributos centrales de la vejez.
Trabajo, voluntariado y cuidados familiares
El análisis se basó en dos publicaciones vinculadas al Año Europeo 2012 del Envejecimiento Activo: el informe estadístico de Eurostat y un Eurobarómetro que recogió más de 31.000 respuestas en 32 países. Ambos documentos presentan la participación de las personas mayores como respuesta a retos sociales y presupuestarios.
En esa narrativa, la vejez activa incluye retrasar la jubilación, aceptar empleos a tiempo parcial, participar en iniciativas comunitarias, realizar voluntariado y prestar cuidados informales —por ejemplo, cuidar nietos—, según los informes de 2012. El aprendizaje a lo largo de la vida deja de ser una idea general y se plantea como una exigencia para mantener la empleabilidad y actualizar competencias.
Asimismo, la independencia se define de forma concreta: permanecer en el propio hogar el mayor tiempo posible y hacerlo sin recurrir a servicios públicos. Eurostat señala que la eficacia de esa estrategia depende, en parte, de la capacidad del parque de viviendas para adaptarse a las necesidades de las personas mayores.
Envejecer bien y para aliviar el gasto público
La segunda línea de análisis se centra en la salud. Aunque Eurostat adopta la definición amplia de la OMS (bienestar físico, mental y social), en la práctica sitúa la buena salud como condición para mantener una vida activa e independiente.
Los autores subrayan que los informes conectan el bienestar individual con objetivos institucionales: mejorar la salud permitiría prolongar la vida laboral, estimular el crecimiento económico y reducir la presión sobre los sistemas de salud y atención de larga duración. Según los investigadores, esa secuencia convierte la autonomía y el cuerpo de las personas mayores en asuntos de interés económico y político, y plantea una obligación implícita de cuidarse para seguir participando social y laboralmente.
Al incorporar el documento de Eurostat de 2019, los autores observan que el término “envejecimiento activo” sigue en uso y que la autonomía continúa asociada a la contribución económica y social. No obstante, el lenguaje cambia: el prólogo de 2019 destaca actividades y beneficios individuales —aficiones, deporte, aprendizaje, voluntariado, viajes— y reconoce que el aumento de la población mayor también refleja mejores condiciones de vida y avances sanitarios, incluso sugiriendo un posible dividendo demográfico en algunos Estados.
El estudio concluye que, pese a un tono algo más orientado a los beneficios personales en 2019, persiste la lógica que liga un “buen” envejecimiento a la productividad, la autonomía y la salud. Según Sørensen y coautores, el riesgo es que la figura de la persona mayor valorada socialmente quede definida por su capacidad de seguir siendo productiva y autónoma conforme a criterios que responden, en última instancia, a objetivos fiscales y económicos de la Unión Europea.
