En una investigación dirigida por la Dirección General de Aduanas se desarticuló una maniobra de contrabando de vehículos de alta gama valuados en más de 4 millones de dólares. La Justicia ordenó 22 allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se secuestraron cuatro automóviles exclusivos.
El caso se inició tras tareas de fiscalización de agentes especializados de la Aduana, quienes detectaron irregularidades en la documentación de varios vehículos: autos de reciente fabricación y alto valor que circulaban con chapas patente correspondientes a unidades con más de seis décadas de antigüedad.
La investigación reconstruyó una maniobra para eludir la prohibición de nacionalizar automóviles usados establecida por el Decreto 11/99. Según las actuaciones, los vehículos habrían ingresado de forma irregular y circulado con dominios de autos importados bajo el Régimen de Vehículos Clásicos, que permite el ingreso de modelos con al menos 30 años de fabricación.
El relevamiento de la Aduana determinó que un mismo titular inscribió las patentes utilizadas como pantalla, lo que posibilitó registrar y circular vehículos no compatibles con las normas vigentes, evadiendo controles aduaneros y el pago de tributos correspondientes.
La denuncia de la Dirección General de Aduanas fue recibida por la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3. La Justicia autorizó los 22 allanamientos en distintos puntos del AMBA, ejecutados por personal aduanero con la colaboración de la Policía Federal Argentina.
En los procedimientos se incautaron cuatro vehículos de lujo: un Porsche Carrera RS 2.7 de 1973, valuado en 1,4 millones de dólares; un Aston Martin DB6 Vantage Superleggera de 1966/67, estimado en 1,1 millones de dólares; un Porsche 911 Turbo modelo 2025, valuado en 850 mil dólares; y un Aston Martin DB6 Mk I de 1966/67, cotizado en 750 mil dólares. El total supera los 4,1 millones de dólares.
La maniobra consistió en aprovechar el régimen de importación de vehículos clásicos para introducir automóviles mucho más recientes o de mayor valor, regularizando su circulación mediante patentes de autos antiguos. Los funcionarios señalaron que la documentación estaba adulterada o incompleta, lo que facilitó su uso sin el debido registro.
Las actuaciones judiciales indican que los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 8 años de prisión, conforme a los artículos 863 y 864 del Código Aduanero, que tipifican el contrabando agravado y prevén sanciones más severas en operaciones organizadas.
El operativo conjunto de la Aduana y la Policía Federal permitió incautar vehículos cuya procedencia no estaba debidamente respaldada por la documentación exigida por la normativa nacional. El uso de patentes de autos clásicos fue identificado como el mecanismo para encubrir la verdadera naturaleza de los rodados.
El hallazgo de un mismo titular para las patentes reforzó la hipótesis de una operación organizada orientada a eludir la prohibición de nacionalización de automotores usados. La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía N° 8 y el Juzgado N° 3, que analizan los elementos recabados en los 22 allanamientos.
El secuestro puso en evidencia la existencia de circuitos irregulares para el ingreso y la circulación de autos de alta gama que aprovechan vacíos en los regímenes de importación. Las autoridades aduaneras señalaron que la utilización de patentes de vehículos antiguos es un método recurrente para sortear la prohibición de ingreso de rodados usados.
El valor de los autos incautados, superior a los 4 millones de dólares, refleja el impacto económico de la maniobra detectada. El Porsche Carrera RS 2.7 destaca entre los modelos más codiciados por coleccionistas; los Aston Martin DB6 Vantage Superleggera y DB6 Mk I son valorados por su rareza; y el Porsche 911 Turbo 2025 ejemplifica la inserción de modelos contemporáneos bajo la apariencia de clásicos.
La causa judicial aún puede derivar en nuevas medidas a medida que avance la investigación sobre el origen y la ruta de los vehículos incautados. La Justicia analiza la documentación secuestrada y las declaraciones de los involucrados para determinar el alcance de la maniobra y las eventuales responsabilidades penales.
