Gisela Kocsis, secretaria privada de Manuel Adorni durante su gestión como vocero presidencial, declaró este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py y admitió haber realizado nuevas compras millonarias por encargo del exjefe de Gabinete, que está bajo investigación por enriquecimiento ilícito.
La investigación judicial detectó que Adorni solicitaba a empleados y funcionarios que le eran afines el uso de sus tarjetas de crédito para efectuar compras a su nombre, y luego les devolvía el dinero en efectivo. Se investiga si así ocultaba gastos incompatibles con sus ingresos legales.
Según la declaración de Kocsis, en junio de 2025 Adorni le pidió comprar almohadas por $400.000. El mes anterior ya había tramitado a través suyo la adquisición de un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool por $3.100.000, según fuentes judiciales.
Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la testigo también confirmó un gasto de $8.183.303,25 en Rosen The Store, donde se compraron sábanas y artículos de blanquería destinados a la casa de fin de semana de Adorni en el country Indio Cuá; las compras se realizaron a través de la secretaria sin aparecer el nombre del exfuncionario.
Kocsis declaró que en todos esos casos ella pagó y luego recibió la devolución en efectivo por parte de Adorni. En la operación de mayor monto, relató que Bettina Angeletti, esposa del exjefe de Gabinete, se presentó en la sucursal con dinero en efectivo para abonar la compra, aunque la factura quedó a nombre de la secretaria.
La testigo se comprometió a aportar en el tribunal la documentación que respalde sus afirmaciones.
“Yo me encargaba de las gestiones personales de Adorni”, respondió Kocsis cuando los funcionarios judiciales le preguntaron por las compras.
Ese mismo día también declaró como testigo Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno en la Dirección de Información Pública y Enlace, dependencia que forma parte de la subsecretaría de Vocería y Comunicación.
Alujú aseguró que le prestó al exjefe de Gabinete dos tarjetas de crédito para comprar dos proyectores Epson modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795 cada uno; los equipos fueron entregados en el departamento de Adorni en avenida Asamblea, Parque Chacabuco.
El testigo describió a Adorni como “un amigo de toda la vida” y mencionó que posee desde hace 11 años una extensión de una tarjeta que, según trascendió, correspondería al ahora exfuncionario.
La línea de investigación sobre estas operaciones surgió a partir del peritaje del teléfono de Matías Tabar, el contratista que dirigió la remodelación de la casa en Indio Cuá, donde Adorni habría invertido 245.000 dólares para modernizar la propiedad.
En el celular del constructor los peritos hallaron una factura a nombre de Gisela Kocsis por la compra de blanquería, lo que motivó nuevas verificaciones.
Al revisar el historial del usuario de Mercado Libre asociado a Manuel Adorni, los investigadores encontraron registros de tarjetas de crédito pertenecientes a otros empleados de la Vocería Presidencial: Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales.
Laura Schiuma declaró el lunes en Comodoro Py y admitió haber intervenido en la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, de alta gama y resolución 4K, por $2.185.000, operación que vinculó con Adorni.
Schiuma agregó que, al revisar los movimientos de la tarjeta Mastercard que le había prestado a su jefe, detectó cargos desconocidos que incluso fueron rechazados por el banco, entre ellos un intento de compra de un Smart TV.
Según fuentes judiciales, la testigo explicó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault y ofrecían planes de ahorro, y que él la convocó luego a trabajar en la Casa Rosada buscando “gente de confianza”.
En Comodoro Py estiman que estas operaciones podrían ser los últimos gastos que se conocerán sobre Adorni en esta etapa de la investigación. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo aguardan un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que deberá evaluar si el patrimonio del exfuncionario presenta inconsistencias y en qué magnitud.
Fuentes judiciales optimistas señalan que ese estudio contable podría estar listo antes de la feria judicial de invierno, que comienza en tres semanas.
Una vez recibido el informe de la DAFI, el fiscal y el juez podrán avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial, que es el paso previo a una eventual citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito.
