El Fondo en Beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) informó que concluyó el programa de reparaciones en Malí derivado del caso contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi, coincidien-do con el decimocuarto aniversario de los ataques a los mausoleos de Tombuctú. Según el Fondo, esta culminación marca el cierre de un proceso histórico para las víctimas y la comunidad local y constituye un hito en la justicia penal internacional contemporánea.
Entre junio y julio de 2012, durante la ocupación de Tombuctú por grupos armados vinculados a al-Qaeda, Al Mahdi participó en la destrucción de diez sitios emblemáticos de la ciudad, incluidos los mausoleos de los santos y la mezquita Sidi Yahia. Estos lugares, centros de peregrinación y símbolos culturales y espirituales, forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1988 por su relevancia en la difusión del islam y el conocimiento en África.
Tras su entrega a la CPI en 2015, Al Mahdi fue declarado culpable en 2016 del delito de guerra por ataques deliberados contra monumentos históricos y religiosos.
La condena incluyó nueve años de prisión y una orden de reparaciones por 2,7 millones de euros para las víctimas. El Fondo informó que, al 31 de marzo de 2026, el programa de indemnizaciones estaba totalmente ejecutado y que las comunicaciones formales al tribunal y al gobierno de Malí se remitieron a finales de abril y principios de mayo de 2026, respectivamente.
El programa se estructuró en tres ejes: medidas simbólicas, reparaciones individuales y reparaciones colectivas, con intervenciones diseñadas para responder a distintos tipos de daño.
El eje simbólico se materializó en una ceremonia solemne celebrada en marzo de 2021, a la que asistieron representantes de las víctimas, autoridades nacionales y la UNESCO.
El componente individual incluyó compensaciones económicas para descendientes directos de los santos vinculados a los mausoleos destruidos y para personas cuya subsistencia dependía en gran medida de esos sitios. Esta fase se implementó entre abril de 2019 y junio de 2024, alcanzando a casi la totalidad de los 1.691 beneficiarios identificados.
Las reparaciones colectivas se dirigieron a la comunidad de Tombuctú, reconocida como afectada moral y económicamente, y estuvieron orientadas a la restauración del patrimonio cultural y al fortalecimiento comunitario. Entre 2022 y marzo de 2026, estas acciones beneficiaron a más de 70.000 habitantes y se ejecutaron en colaboración con la UNESCO, la Fundación CIDEAL y la organización local CFOGRAD.
El Fondo destacó la importancia de la cooperación local sostenida durante varios años como factor esencial para el éxito del programa.
Para atender el daño moral se ofreció apoyo psicosocial comunitario y se implementaron iniciativas de memoria, entre ellas la construcción de dos memoriales —Louha y Qâloum— y la creación de una exposición permanente en el museo municipal sobre los mausoleos afectados.
Para mitigar el daño económico se estableció un fondo que financió 70 proyectos liderados por grupos locales y tres iniciativas promovidas por la Comuna Urbana, enfocadas en fortalecer medios de vida, capacidades y la protección cultural. Además, se llevaron a cabo la restauración y protección de los mausoleos, formación para custodios locales y la constitución de un fondo de mantenimiento para garantizar la sostenibilidad patrimonial.
El diseño del programa incorporó los principios de reparación de la CPI, mecanismos participativos sensibles al contexto de conflicto y una perspectiva de género que aseguró la inclusión sistemática de las mujeres. La participación de las víctimas fue central: consultas amplias definieron las prioridades y facilitaron la transparencia y la apropiación local en todas las etapas.
Entre los testimonios difundidos por el Fondo, una residente identificada como Fatoumata A afirmó: “Estas reparaciones —más allá de los logros materiales— son un símbolo; nos permiten contar a nuestros hijos lo que vivimos, mostrar la grandeza de Tombuctú y recordar que este crimen no debe repetirse”.
La conclusión del programa se alcanzó en un contexto de seguridad complejo, lo que el Fondo consideró una muestra de la resiliencia del sistema del Estatuto de Roma. La ejecución requirió la cooperación del Fondo con las autoridades de Malí durante varios años, mediante comités directivos a distintos niveles. El presidente de la Junta Directiva del Fondo, Andres Parmas, señaló que el programa representa un precedente en la justicia penal internacional como la primera ocasión en que se otorgan reparaciones judiciales por ataques contra edificios protegidos de carácter religioso e histórico.
El financiamiento provino de aportes asignados por los gobiernos de Canadá, Alemania, Italia, Noruega y el Reino Unido, así como de apoyos no restringidos de países como la República Checa, la República Dominicana y Liechtenstein. Las contribuciones de los Estados Parte al presupuesto regular de la CPI respaldaron el proceso judicial y componentes esenciales del programa.
El Fondo informó también que encargó una evaluación externa e independiente para medir el impacto de las reparaciones en dimensiones como paz, seguridad, memoria, verdad y justicia.
Al anunciar el cierre, el Fondo lamentó la notificación reciente de Malí a las Naciones Unidas sobre su retiro del Estatuto de Roma, efectivo el 30 de junio de 2026. Según el comunicado, esa decisión debilita el sistema de justicia reparadora que benefició a la comunidad de Tombuctú y dificulta las condiciones para reparaciones futuras relacionadas con otros crímenes, incluido el caso Al Hassan. La institución reiteró su disposición a trabajar con las autoridades malienses para maximizar el alcance de las reparaciones y sentar bases para intervenciones futuras.
